La designada presidencial María Antonieta Mejía se pronunció sobre el juicio político al fiscal general Johel Zelaya, afirmando que existen argumentos sólidos y bien fundamentados para proceder.
Según la funcionaria, las denuncias contra el fiscal son de conocimiento público y “cualquier hondureño podría servir de testigo”, ya que los actos cuestionados se han dado a la vista de toda la nación.
Mejía subrayó que el proceso debe seguir el curso legal correspondiente, garantizando el respeto al debido proceso. Destacó la importancia de la labor investigativa que realizará la comisión de nueve diputados y aseguró que el acusado debe tener su espacio para la defensa.
“Es positivo que él esté tranquilo para que pueda defenderse bien; lo que buscamos es que se siente un precedente histórico y que ningún funcionario, de ningún partido, abuse del poder”, manifestó.
La postura de Mejía no se limita únicamente al fiscal general. La funcionaria fue enfática al señalar que el juicio político debe ser el inicio de una “limpieza institucional” que incluya a otros actores señalados de atentar contra la democracia.
Entre los nombres mencionados figuran el consejero del CNE, Marlon Ochoa, la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, y el magistrado del TJE, Mario Morazán. “Deben irse todos, absolutamente todos aquellos que atentaron contra la democracia. Nadie está por encima de la ley”, sentenció.
Mejía recordó que el juicio político es un mecanismo constitucional que debe manejarse con seriedad y responsabilidad.
Hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que se mantengan firmes en las etapas venideras. “Esto apenas comienza.
Esperamos que los legisladores no cedan a presiones políticas y actúen en favor del fortalecimiento de la institucionalidad que el pueblo hondureño demanda”, concluyó.