El Juzgado de Privación de Dominio dictaminó la privación definitiva de bienes pertenecientes a la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, quien ejerció su cargo entre 2010 y 2014.
La medida obliga a Bonilla a devolver al Estado 7.450.934 lempiras, monto que puede ser restituido en efectivo o mediante la entrega de un bien inmueble equivalente, según informaron fuentes judiciales.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, explicó que la decisión del juez fue emitida en respuesta a una solicitud del Ministerio Público. “El juez ha fallado a favor de la tarjeta de privacidad de dominio presentada, exigiendo la devolución de siete millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos treinta y cuatro lempiras con diecisiete centavos”, señaló Castillo.
El origen de la medida se remonta al periodo en que Bonilla fungía como primera dama, durante el mandato de Porfirio Lobo Sosa. En ese tiempo, se presume que habría gestionado una partida de 12 millones de lempiras destinada a la ejecución de varios proyectos sociales.
No obstante, según detalló Castillo, al término del mandato de su esposo, Bonilla devolvió más de cuatro millones de lempiras, por lo que el juez ahora solo exige la devolución del saldo pendiente de 7.450.934 lempiras. A la fecha, la exprimera dama no ha logrado justificar la procedencia del dinero restante.
En caso de no poder devolver el monto en efectivo, Bonilla tiene la opción de entregar un bien inmueble de valor equivalente, el cual sería subastado, y los fondos resultantes pasarían a manos del Estado, según las disposiciones del fallo.
Además de Bonilla, otros individuos han sido alcanzados por la misma resolución de privación de dominio, incluyendo a Saúl Escobar, Manuel Mauricio Mora Faría, y otros, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Estas personas deberán enfrentar las consecuencias judiciales dictadas en el fallo.
La lectura de la sentencia para todos los involucrados ha sido programada para el 10 de enero de 2025, a la 1:00 de la tarde, y se llevará a cabo de manera virtual, según informó el Poder Judicial. “Las partes procesales tendrán tres días después de la lectura para presentar cualquier apelación, si no estuvieran de acuerdo con la decisión. La Corte de Apelación será la encargada de ratificar o revocar la sentencia”, concluyó Castillo.