Los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) recibieron una noticia alentadora al cierre de 2025, cuando la jueza federal Trina L. Thompson declaró ilegal la cancelación del programa y ordenó la extensión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD).
La resolución revierte una decisión previa del gobierno estadounidense que había generado incertidumbre entre miles de migrantes.
El fallo, emitido el 31 de diciembre de 2025, concluyó que la administración del presidente Donald Trump no siguió el debido proceso legal antes de ordenar la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.
La jueza señaló que se violaron procedimientos administrativos y que no se evaluaron adecuadamente las condiciones de seguridad y estabilidad en los países beneficiarios.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, calificó la medida como “una alegría interna” para las autoridades hondureñas, destacando que los tepecianos han mantenido una conducta responsable y respetuosa de la ley en Estados Unidos.
Paz reconoció el papel de la Alianza Nacional TPS, que impulsó la acción legal contra la cancelación del beneficio.
No obstante, el funcionario advirtió que la resolución aún puede ser apelada por el gobierno estadounidense, una posibilidad que se considera altamente probable. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que trabaja en una estrategia legal para revertirlo.
La extensión del TPS brinda un respiro temporal a más de 55,000 hondureños, quienes dependen de estos ingresos para sostener a sus familias tanto en Estados Unidos como en Honduras. Sin embargo, la comunidad migrante deberá mantenerse organizada y vigilante, pues el litigio continúa y el futuro del programa se definirá en instancias judiciales superiores.
Con este fallo, se abre un nuevo capítulo en la lucha por la estabilidad migratoria de los hondureños en Estados Unidos, en un 2026 que será decisivo para garantizar su permanencia y derechos laborales.