La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este martes que su Gobierno llegó a un «acuerdo» con la Administración de los Estados Unidos para que continúe el tratado bilateral de extradición, una decisión que se produce apenas diez días antes de que finalizara el tratado tras las denuncias de la mandataria hondureña de «injerencias» estadounidenses.
«Anuncio que he llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva», subrayó Castro en un mensaje en X.
La presidenta Xiomara Castro anunció en su cuenta en X que llegó a un “acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos” para que el tratado continuara con garantías de “su aplicación objetiva”, que no precisó.
Castro denunció el tratado el pasado 28 de agosto con el argumento de que buscaba evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y se facilitara así un intento de golpe de Estado, como el que derrocó en 2009 a su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya.
Sin embargo, la oposición sostiene que la presidenta canceló en ese momento el tratado, que permitió encarcelar a medio centenar de narcotraficantes hondureños, para proteger a miembros de su gobierno y de su familia.
El tratado ha permitido la entrega de medio centenario de narcotraficantes hondureños a Estados Unidos desde 2014, incluyendo el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.
Este acuerdo con la administración Trump ocurre pese a tensiones bilaterales por la política de deportaciones de Estados Unidos.
En enero pasado, Castro había anunciado que cerraría la base militar de Palmerola que mantiene a Estados Unidos a 50 km al norte de Tegucigalpa si Trump cumplía la amenaza de deportaciones masivas. No obstante, ya han llegado varios aviones con migrantes expulsados a Honduras.
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Castro había puesto fin al tratado al condenar la “injerencia” de Washington por criticar una reunión del entonces ministro de Defensa, su sobrino José Manuel Zelaya, y el máximo jefe militar de Honduras con el titular de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, sancionado por Washington por narcotráfico.
“He asegurado el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas”, agregó este martes la presidenta hondureña, quien había considerado esas críticas como parte de un “complot” de Estados Unidos.
Pocos días después, su cuñado Carlos Zelaya -hermano del expresidente derrocado y padre de José Manuel Zelaya-, renunció a su curul de diputado ya su cargo como secretario del Congreso, tras declarar ante la fiscalía sobre un video que circuló en el que se le ve reunido con un conocido narcotraficante hondureño.
Poco después el ministro de Defensa renunció en solidaridad con su padre y para facilitar las investigaciones.
Carlos Zelaya dijo haber caído “en una trampa”, al reconocer que participó en 2013 en esa reunión donde el narco ofreció financiamiento para la campaña electoral del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
El cuñado de la presidenta fue mencionado en marzo pasado en el juicio en el que fue condenado en Nueva York el expresidente Hernández.
Al presentar los cargos contra Hernández, la fiscalía estadounidense aseguró que Honduras era un “narco-Estado”.