La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, sugirió al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra La Mujer (CEDAW), que recomiende al Estado de Honduras, una serie de medidas, entre ellas, eliminar la prohibición del uso y venta de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y aprobar el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.
La Defensora del Pueblo señaló que, a más de 8 meses de la toma de posesión de la nueva administración, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) sigue siendo prohibida en el país.
Explicó que la prohibición de la PAE, tiene como consecuencia que aún siga sin aprobarse el Protocolo de Atención a Víctimas y/o Sobrevivientes de Violencia Sexual, presentado desde el año 2017
Honduras ha retrocedido con relación a los derechos sexuales y reproductivos
La titular del CONADEH también informó a la CEDAW que, en enero de 2021, el Congreso Nacional reformó el artículo 67 constitucional incorporando la prohibición absoluta del aborto.
Indicó que ese mismo año, CONADEH recomendó y recordó al Congreso Nacional, que el Estado de Honduras debe tomar en cuenta las múltiples recomendaciones internacionales que ha recibido para la despenalización del aborto.
El 8 de marzo de 2022, CONADEH presentó un Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional, relacionado con el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Plataforma Somos Muchas, en contra del decreto legislativo relativo a la prohibición absoluta del aborto en el país.
Actualmente el recurso de inconstitucionalidad tiene 14 meses de haber sido admitido por la Sala de lo Constitucional, sin que exista respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, sugirió a la CEDAW que exija al Estado de Honduras una respuesta pronta al Recurso de Inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional e interpuesto por la Plataforma Somos Muchas en contra del Decreto Legislativo No. 130-2017 del Código Penal, artículo 196 y en contra del artículo 1 del Decreto 192-2020 que reforma el artículo 67 de la Constitución, ambos relativos a la prohibición absoluta del aborto en el país.
Estado hondureño debe aprobar Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres
En el marco del Noveno Informe Periódico de la República de Honduras, a ser examinado en el 83período de sesiones de la CEDAW, este martes, en Ginebra, la titular del CONADEH sugirió al Comité urgir al Estado de Honduras para que se apruebe la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres y la Ley de Casas Refugio para Mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos.
Además, que se dote de recursos financieros suficientes a todas las instituciones del Estado que conforman la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, que incluyen al CONADEH para que, de acuerdo a su mandato, brinde atención efectiva a los casos de femicidios y pueda ejecutar acciones de prevención de muertes violentas en contra de las mujeres.
En su informe, la Defensora del Pueblo establece que el CONADEH ha priorizado la protección de los derechos de la mujer, tomando en cuenta los femicidios, el acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia en sus dimensiones doméstica, intrafamiliar y política.
Entre 2021 y el primer semestre de 2022, CONADEH atendió 5,138 quejas interpuestas por mujeres, de las cuales 1,652 están relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal, y 752 con el acceso a la justicia y al debido proceso legal, lo que refleja el contexto nacional de las mujeres y la grave situación de violencia que enfrentan.
Señaló que, aunque el Estado de Honduras ha informado al Comité CEDAW sobre la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, estas no se han fortalecido con recursos técnicos y financieros. Circunstancias que preocupan al CONADEH ya que, evidencian la falta de estrategias de carácter preventivo e investigativo para estos casos, concluyó la Defensora del Pueblo.