El Gobierno de la República, por medio del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la Junta Administradora del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), entregó 27 contratos valorados en 68 millones de lempiras, para la conservación y gestión de áreas protegidas a organismos que co-administran estos espacios.
Con el aporte se logra un importante beneficio en 27 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), fondos que sirven de apoyo para preservar los recursos y obtener mayores beneficios para las comunidades desarrollando proyectos de conservación y manejo sostenible en áreas protegidas.
El fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre es creado con la Ley Forestal, los recursos se reactivaron y ordenado, y se han fortalecido, con una asignación de mayores recursos desde el Presupuesto General de la República, al aumentar en más de un 150 por ciento, en su asignación que en los gobiernos anteriores; siendo la inversión en el año 2023 de 100 millones de lempiras.
En el pasado, los recursos del FAPVS fueron entregados de manera limitada e incumpliendo la Ley, con un promedio de 30 millones de Lempiras al año, algunos años, como en 2021, la transferencia resulto nula por el desvío de fondos, sin conocimiento y aprobación de la Junta Administradora del FAPVS, como máxima autoridad del Fondo.
Los fondos son destinados para acciones de prevención de incendios forestales, fortalecer la presencia institucional, restauración de ecosistemas, protección y manejo de microcuencas productoras de agua, patrullaje y vigilancia para control de ilícitos, mejora de infraestructura en las áreas protegidas, educación ambiental, ecoturismo, mejora de prácticas sostenibles de pesca y agrícolas, entre otros.
Además del fortalecimiento al presupuesto al FAPVS, también se han priorizado sitios que históricamente no habían sido beneficiados y requieren atención de parte del gobierno para atender las necesidades y amenazas que sufren las áreas protegidas.
Esta priorización incluye otras modalidades de conservación como los sitios de importancia para la vida silvestre, integrando a organizaciones de base comunitaria a través de patronatos, que serán beneficiados especialmente para mejorar el manejo sobre los derechos de la pesca artesanal y mejorar sus medios de vida.
Con la nueva estrategia, se incluye intervención con el FAPVS para un proyecto en la Reserva de Biosfera del Río Plátano, con el objetivo de contribuir a la conservación de este Patrimonio Natural de la Humanidad que es amenazado por la deforestación y actividades ilegales, poniendo en peligro la integridad ecológica del segundo bosque más importante de Mesoamérica.
Los comanejadores beneficiados representan 5 municipalidades, 9 mancomunidades, 13
organizaciones civiles, 3 organizaciones comunitarias, las cuales realizan el co-manejo en 27 áreas protegidas:
• Parque Nacional Sierra de Agalta, Refugio de Vida Silvestre La Muralla, Boquerón/Olancho y la Biosfera del Río Plátano en el parte oriental del país.
• Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, Parque Nacional Cusuco, Parque Nacional Omoa, Refugio de Vida Silvestre Mico Quemado, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Capiro y Calentura, Parque Nacional Islas de la Bahía, Laguna de Zambuco, Sitio Iriona-Limón y Santa Fe en la zona norte del país.
• Reserva Biológica Volcán Pacayita, Parque Nacional Montecristo, Reserva Biológica Güisayote, Reserva Biológica Opalaca, Parque Nacional Congolón, Parque Nacional Montaña de Celaque, Refugio de Vida Silvestre Opalaca, Parque Nacional Cerro Azul Copán, Refugio de Vida Silvestre Mixcure, en Occidente del país.
• Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Montaña de Comayagua, Reserva Biológica Chile, el Área de Manejo de Hábitat por Especie Bahía de Chismuyo en la zona Centro Sur del país.