El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reveló que entre diciembre de 2022 y julio de 2025 recibió un total de 1,006 denuncias contra miembros de cuerpos de seguridad del Estado, señalando que muchos agentes habrían aprovechado el estado de excepción para vulnerar derechos fundamentales.
Según el comunicado oficial, las quejas provienen de diversos sectores de la sociedad hondureña y apuntan directamente a efectivos de la Policía Nacional, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre otras entidades.
Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, detalló que los casos incluyen uso excesivo de la fuerza en allanamientos, daños a propiedad privada, torturas, malos tratos, pérdida de pertenencias, incriminaciones con pruebas dudosas, y vigilancia e intimidación.
El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado mediante 22 decretos ejecutivos, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos nacionales e internacionales.
El CONADEH sostiene que la medida no ha logrado reducir la violencia ni garantizar el respeto a los derechos humanos.
“El decreto de suspensión de garantías fue creado para combatir el crimen, pero ha sido utilizado por algunos agentes para actuar al margen de la ley”, advirtió el organismo.
En ese sentido, pidió al Ejecutivo no emitir nuevas prórrogas y en su lugar diseñar una política de seguridad con enfoque en derechos humanos.