Una red delictiva dedicada a drenar fondos de los clientes de una cooperativa fue desmantelada en San Pedro Sula, tras varias semanas de seguimiento por parte de las autoridades.
El operativo, ejecutado el 20 de noviembre de 2025, incluyó allanamientos simultáneos en cuatro viviendas de la ciudad industrial y dejó como resultado la captura de al menos una mujer, quien enfrentará cargos por fraude y delitos vinculados al manejo indebido de fondos.
De acuerdo con la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los integrantes de la red lograron infiltrarse en el sistema informático de la cooperativa para realizar retiros no autorizados y transferencias ilícitas.
Las investigaciones revelaron que el grupo operaba de manera coordinada, falsificando documentos y manipulando datos financieros para mover el dinero sin levantar sospechas inmediatas.
El caso salió a la luz luego de que varios usuarios reportaran inconsistencias en sus cuentas, lo que permitió detectar el patrón de fraude. Según los reportes, los ciberdelincuentes habrían sustraído miles de lempiras de diferentes clientes, afectando la confianza en el sistema cooperativo.
Las autoridades informaron que los allanamientos se realizaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y que las investigaciones continúan para dar con el resto de los integrantes de la red, quienes podrían estar vinculados a otros delitos financieros en diferentes departamentos del país.
Este desmantelamiento se suma a los esfuerzos del Ministerio Público por combatir el cibercrimen y el fraude financiero, delitos que han aumentado en Honduras en los últimos años.
Expertos señalan que la falta de controles tecnológicos en algunas instituciones financieras facilita la vulnerabilidad de los sistemas, lo que obliga a reforzar la seguridad digital y la supervisión estatal. La captura de los implicados representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado digital, aunque las autoridades advierten que se trata de un fenómeno en expansión que requiere mayor inversión en tecnología y capacitación para proteger a los usuarios.