El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) exhortó a las autoridades hondureñas a investigar y esclarecer la desaparición, amenazas contra la integridad física y la vida y la muerte violenta de mujeres en el país.
La Delegación Regional del CONADEH en el Litoral Atlántico registró, en los últimos días, la muerte violenta y la desaparición de mujeres en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.
El ente estatal de derechos humanos se solidarizó con los familiares de las mujeres, víctimas de la violencia que impera en el país, que han muerto en circunstancias violentas o que han desaparecido de sus hogares.
El 2 de abril se informó el deceso de una profesional de la medicina identificada como Alma Ferrera (35) que perdió la vida por asfixia. La víctima que residía en La Ceiba, Atlántida, fue llevada al Hospital General Atlántida, donde minutos más tarde las autoridades confirmaron su muerte.
El 9 de abril, familiares de Claudia Patricia Cardona Munguía (30), reportaron su desaparición, lo único que saben es que ella fue vista por última vez en el Barrio Mejía.
El 19 de abril, murió de varios impactos de arma de fuego, Beysi Orellana, en la colonia Pizzaty, de La Ceiba, en los bordos del rio Cangrejal.
El 20 de abril, fue encontrado en el interior de su vivienda el cuerpo de Kerlyn Castillo, en la colonia Irías del Este, siempre en La Ceiba, Atlántida.
La Delegación Regional del CONADEH, en La Ceiba, reportó que la violencia en el Litoral Atlántico del país cada día se agudiza más, siendo las mujeres una de las principales víctimas, al reportarse muertes violentas y desapariciones.
Urge la aprobación de la Ley de Casas Refugio
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que el Estado hondureño debe diseñar y definir políticas públicas conducentes a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, con énfasis en muertes violentas o femicidios, así como contra la violencia doméstica e intrafamiliar.
Indicó que el femicidio se constituye en una flagrante violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida.
Exhortó a las autoridades encargadas de la seguridad, en el país, a tomar las medidas preventivas y de investigación para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer este tipo de hechos violentos contra las mujeres.
Hacerle frente a la violencia contra las mujeres es un desafío para el Estado hondureño, que tiene el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las personas.
Aunque no hay datos oficiales, declaró que la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, es un problema grave en el país y que, por ello, el CONADEH realizó un examen de control de convencionalidad y constitucionalidad a la iniciativa de ley denominada “Ley de la Alerta Morada para la Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas”.
Además, reiteró su plena disposición en realizar aportes sustanciales y acompañamientos oportunos en protección, promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país.
También exhortó al Poder Legislativo a retomar el debate de la iniciativa de Ley de Casas Refugio, Albergues o Casas de Acogidas” que tiene por objeto resguardar y proteger la vida de las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de la violencia basada en género.
Señaló que, desde el año 2018 se estancó el proceso de discusión y aprobación, en el Congreso Nacional, de la Ley de Casas Refugio.
Entre el 2002 y abril del 2023 el CONADEH registró la muerte de, al menos, 7,600 mujeres, de las cuales, alrededor de 300 se registraron en el 2022 y 90 en tres meses y medio del 2023. Alrededor del 95% de los crímenes se mantienen impunes.
Desde el 2018, más de 15,900 mujeres presentaron denuncias
La Defensora del Pueblo reveló que, ante el CONADEH, muchas mujeres acuden y denuncian ser víctimas de la violencia que impera en el país y que se les violentan sus derechos humanos.
Entre el 2018 y el 20 de abril del 2023, el CONADEH atendió, al menos, 15,948 mujeres que presentaron denuncias por considerar que estaba en riesgo su integridad física y su vida y que se le violentó el acceso a la justicia, entre otras violaciones a sus derechos.
Sólo en el 2022, al menos, 440 mujeres denunciaron ser víctimas de amenazas a muerte que las afectaba a ellas y a miembros de su familia, 381 por falta de acceso a la justicia y al debido proceso, 83 por despidos ilegales o violaciones a las normas laborales en el sector público, 75 se quejaron que fueron víctimas de abusos de autoridad y 70 por el incumplimiento de responsabilidades familiares. La mayor parte de las 3,361 interpuestas por las mujeres, en el 2022, se concentraron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Olancho, Yoro y Atlántida.