“Barbie Fiscal” acusa al fiscal Johel Zelaya de “complot” del desfalco

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La exfiscal hondureña Francia Sofía Medina, acusada de sustraer 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), señaló públicamente al fiscal del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, de estar detrás de lo que calificó como un “complot” en su contra.

Medina, quien enfrenta un juicio oral y público, aseguró que “el Ministerio Público sabe quién se robó el dinero” y que su proceso judicial carece de imparcialidad.

Medina enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, destrucción y ocultación de documentos en custodia, así como 38 delitos de falsificación de documentos públicos.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha presentado más de 80 pruebas documentales y periciales que buscan demostrar su responsabilidad en el desvío millonario.

El caso ha captado la atención nacional debido al monto involucrado y a las acusaciones de corrupción dentro de las instituciones encargadas de resguardar fondos confiscados en operaciones contra el crimen organizado.

Según la Fiscalía, los 88 millones de lempiras provenían de decomisos realizados en distintos procesos judiciales y estaban bajo custodia del BCH.

Medina, quien cumplió dos años en prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), fue trasladada recientemente a Medicina Forense para someterse a una pericia caligráfica.

La defensa solicitó esta prueba para comparar sus firmas con documentos que la Fiscalía presentó como evidencia en su contra.

Durante su llegada a los tribunales este martes, la exfiscal reiteró que es víctima de una persecución política y responsabilizó directamente a Zelaya y “sus secuaces” de manipular el caso. “Sinvergüenzas es que son”, declaró ante los medios, exigiendo un juicio justo.

El proceso judicial continúa con la presentación de testigos y peritos, mientras la defensa insiste en demostrar que Medina no participó en la sustracción de los fondos. La resolución de este caso será clave para la credibilidad del sistema judicial hondureño y para la lucha contra la corrupción en el país.