El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), de manera conjunta con la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) y con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), efectuó la inspección, solicitud y decomiso de información en las oficinas de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y sociedades mercantiles.
Lo anterior en relación a una línea investigativa por supuestas irregularidades cometidas por la actual administración en la adjudicación de contratos de obras para mejoramiento de red vial pavimentada y no pavimentada en la ciudad industrial del país.
Los hechos que investiga la fiscalía están relacionados con las recientes denuncias sobre contratos otorgados por la municipalidad a empresas constructoras, supuestamente vinculadas con parientes del alcalde municipal; así como, con el contrato de recolección de basura, barrido de calles, corte y poda de parques y bulevares y manejo de desechos sólidos por parte de la empresa mercantil,
Es por ello que, parte de las diligencias que se ejecutan, también van dirigidas a conocer los procesos de adjudicación en los contratos para determinar si hubo irregularidades y si estos implican la comisión de delitos.
En ese sentido, se tiene planificado realizar inspecciones y decomiso de documentación en diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; así como, en sociedades mercantiles relacionadas con los hechos que investiga el Ministerio Público.
Las acciones de fiscales del circuito anticorrupción, tienen como objetivo recolectar evidencia soporte para constatar con denuncias que ya investigan ambas dependencias del Ministerio Publico sobre los supuestos contratos otorgados a empresas que prestan los servicios en esa ciudad.
Toda la información que se pueda recolectar pasará a un proceso de análisis por parte de los equipos de investigación, así como otras diligencias a fin de esclarecer estos hechos y combatir todo posible acto de corrupción en perjuicio de los sampedranos.
Los supuestos delitos en los que habrían incurrido funcionarios municipales, van desde fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, entre otros.