TEGUCIGALPA. – En medio de un clima de creciente inseguridad en Honduras, el régimen actual decidió incrementar a tres millones 500 mil lempiras, la gratificación por información que conduzca a la captura del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.
Esta medida generó controversia entre los ciudadanos, que se preguntan si se trata de una necesidad justificable o de un capricho del ministro de Seguridad, quien de esa manera esconde, que su familia compró los Black Mamba y se los vendió carísimos al Estado de Honduras, aprovechando el débil gobierno.
La inseguridad en el país alcanza niveles alarmantes, con un aumento significativo en los índices de criminalidad y violencia en diversas comunidades.
A pesar de esta crisis, el gobierno parece asignar recursos y atención a la caza de una figura militar controvertida, lo que ha suscitado un profundo debate público.
Algunos analistas señalan que este enfoque distractor puede ser una estrategia del régimen para desviar la atención de los problemas más apremiantes que enfrenta la sociedad hondureña.
En un comunicado, Romeo Vázquez denunció que “el régimen narcosocialista del familión, desesperado, sube el precio por mi cabeza cada semana”, cuestionando si realmente creen que el dinero “les dará la razón”. Esta declaración pone de manifiesto no solo la tensión entre el exmilitar y el gobierno actual, sino también el clima de polarización en el país.
La decisión de incrementar la recompensa también invita a reflexionar sobre la utilización de fondos públicos en la persecución de figuras políticas o militares, cuando las demandas de seguridad básica de los ciudadanos siguen sin respuestas efectivas. La crítica persiste: ¿debería el gobierno priorizar la seguridad y bienestar de los hondureños sobre intereses relacionados con conflictos de poder? A medida que los ciudadanos lidian con el sufrimiento diario causado por la violencia, la pregunta sobre si estas medidas son verdaderamente un acto de justicia o simplemente un intento por parte del gobierno de afianzar su control se vuelve cada vez más relevante. Mientras las balas suenan, los recursos del Estado deberían estar enfocados en construir un futuro más seguro para todos los hondureños.