En un nuevo desarrollo, respecto a la investigación sobre la sustracción de fondos del Banco Central de Honduras (BCH), el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, anunció que se tomarán medidas adicionales para ampliar los requerimientos fiscales a otros presuntos implicados en este escandaloso caso.
El Ministerio Público ha estado llevando a cabo una exhaustiva indagación para esclarecer la sustracción de fondos del Banco Central.
La ampliación de los requerimientos fiscales indica que nuevas evidencias o participantes han surgido durante la investigación, lo que amplía el espectro de responsabilidades.
Yuri Mora, en su declaración, no proporcionó detalles específicos sobre la cantidad de personas adicionales, que podrían enfrentar cargos ni la magnitud de su participación en el desfalco, sin embargo, aseguró que esta medida es parte de los esfuerzos continuos del Ministerio Público, para garantizar la rendición de cuentas y llevar ante la justicia a todos los responsables de este acto ilícito.
La sustracción de fondos en el Banco Central ha generado inquietud en la opinión pública, así como preocupaciones sobre la integridad del sistema financiero.
Las autoridades competentes buscan restaurar la confianza en la institución y enviar un claro mensaje de que los actos de corrupción no quedarán impunes.
La ciudadanía estará atenta a los próximos acontecimientos mientras el Ministerio Público amplía sus acciones legales contra los posibles implicados, buscando esclarecer totalmente las circunstancias que rodean este incidente financiero que ha sacudido a la nación.
Las pesquisas rescatan que más de cuatro actores, del Ministerio Público y del Banco Central de Honduras, estarían involucrados en el caso de la sustracción de más de 80 millones que estaban depositados como evidencia.
Esos ‘contactos’ formarían parte de la trama que sale a luz cuando con la detención de la entonces fiscal, Francia Medina, acusada de más de 40 delitos de lavado de activos, uso de información privilegiada, ocultación, destrucción de evidencias y falsificación de documentos.
A la imputada le dictaron auto de prisión preventiva y le han suspendido de su cargo en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, Cortés.
Es de recordar que la semana anterior se presentaron los primeros reclamos por parte de afectados por la extracción de tales fondos, que estaban bajo el resguardo de la institución rectora de la política cambiaria y monetaria.
Especialistas en derecho han exigido al Gobierno que sean devueltos esos recursos robados y que sean investigados todos los personajes que hayan tenido relación directa o colateral con este caso.
El reclamo de los sectores mayoritarios de opinión pública está dirigido a que se realice una investigación a fondo en la estructura de los juzgados, en el Banco Central de Honduras y en el Ministerio Público.