El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), detectó indicios de responsabilidad penal y responsabilidad civil en un fracasado proyecto de construcción de letrinas domiciliarias que iba a beneficiar a 1,000 familias pobres de los departamentos de Choluteca y Valle.
El ente contralor notificó tres informes derivados de la investigación especial efectuada por la dirección de participación ciudadana al proceso de Transferencia de Fondos Públicos a la Fundación Unidos por una Honduras Mejor (FUHM) y su ejecución, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2016 al 31 de enero de 2022.
Asimismo, sobre la ejecución del convenio de cooperación técnica suscrito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)-Emprendesur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec), correspondiente al período del 13 de noviembre de 2017 al 30 de marzo de 2022.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir dos informes al Ministerio Público (MP), por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
En el primer informe P-03-2022-DPC-DCSD-FUHM, el TSC dio respuesta a la investigación de la denuncia No. 0801-2021-129 practicada al proceso de transferencias de fondos públicos a la FUHM, que concluye en la emisión de un Informe Especial con indicios de responsabilidad penal.
Se constató que a través de las Secretarías de Agricultura y Ganadería (SAG) y Salud (Sesal) se tramitaron desembolsos de fondos a favor de la FUHM, amparados en un convenio suscrito entre las partes para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias del Programa EmprendeSur mediante la construcción de 450 letrinas en los municipios de Choluteca (100), Marcovia (100), Pespire (50), San Antonio de Flores (100) y San Marcos de Colon (100), del Departamento de Choluteca.
La investigación comprobó la existencia de una serie de incumplimientos a los convenios suscritos y una celeridad en los desembolsos de fondos, a pesar de las deficiencias de control existentes y el aparente desconocimiento de los antecedentes de la FUHM.
Se verificó que la SAG y Sesal no cuentan con la documentación suficiente y contundente que respalde los pagos realizados a favor de la Fundación, el TSC comprobó que no existe documentación que respalde la ejecución de los fondos transferidos o depositados a favor de la FUHM, con objeto de cumplir los convenios suscritos.
Las transferencias de fondos públicos a la FUHM durante el periodo 2016-2019, según información obtenida de los bancos, ascendió a la cantidad de L 38,220,500.00. No fue posible determinar la totalidad del perjuicio económico causado al Estado debido a la serie de limitaciones e irregularidades encontradas.
Se constató, además, que las distintas direcciones de la FUHM, que fueron proporcionadas al TSC, son falsas; no fue posible ubicar las oficinas de esta Fundación.
El MP deberá llevar a cabo las respectivas investigaciones y determinar si existió el delito de Malversación por Aplicación Oficial Diferente, del Código Penal vigente u otro delito que pudo ser cometido por las partes involucradas en el hecho denunciado.
SEGUNDO CASO
aparte, el Por TSC notificó el Informe Especial No. 01-2022/03-2022-DPC-DCSD-SAG-EMPRENDESUR- FUHDEC, que se desprende de la investigación de la denuncia registrada con No. 0801-2020-10 la cual confirma el hallazgo de indicios de responsabilidad penal por el incumplimiento del Convenio de Cooperación Técnica para implementar letrinas domiciliarias en varios municipios del departamento de Valle.
Según los hechos constatados, el 13 de noviembre de 2017 se suscribió el “Convenio Específico de Cooperación Técnica entre SAG-Emprendesur y la Fundación Hondureña de Desarrollo Comunitario (Fuhdec), para ejecutar el montaje de letrinas domiciliarias y promover tecnologías apropiadas de saneamiento básico, en grupos de familias beneficiarias del programa de Emprendesur”.
El monto para el financiamiento de 550 letrinas domiciliarias, para igual número de familias de los municipios de Nacaome, Amapala, Aramecina, Langue y San Lorenzo, departamento de Valle; fue por un total de L7,728,785.95, cada una a un costo promedio directo de 10,479 lempiras.
El TSC constató que FUHDEC incumplió el convenio suscrito con la SAG/EmprendeSur, se observó un reiterado incumplimiento en la ejecución del proyecto por parte de la Fundación.
La investigación constató que la Secretaría de Finanzas realizó el primer desembolso por un monto de L 2,305,380.00 que fue depositado en una cuenta bancaria a nombre de FUHDEC, para la construcción de las 220 letrinas domiciliarias en los municipios de San Lorenzo y Nacaome, departamento de Valle, pero no ejecutó las obras.
Al respecto, el TSC verificó que no se encontró documentación que acredite fehacientemente las actividades realizadas y logros obtenidos, derivados de la ejecución del convenio. Además, FUHDEC se mostró evasiva ante los requerimientos de la SAG, vistos los retrasos en la ejecución de las obras.
La Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), realizó una visita de campo y no encontró la existencia física del domicilio registrado por la Fundación.
“El Ministerio Público deberá llevar a cabo las respectivas investigaciones y determinar si existió el delito de estafa u otro que haya podido ser cometido por las partes involucradas en el hecho denunciado”, cita el TSC, en su apartado de conclusiones del Informe Especial.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Sobre este mismo hecho, el TSC notificó otro Informe, el No. 03-2022 DPC-DCSD, que concluye en el incumplimiento del convenio para la implementación de letrinas domiciliarias en el departamento de Valle por parte de FUHDEC, lo que ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la cantidad de L 2,305,380.00.
Asimismo, el Ente Contralor concluyó que la SAG no tiene un mecanismo de control que permita la revisión de los antecedentes de las ONG/Fundaciones con las que va convenir o contratar, por lo que recomendó al secretario de Estado de la SAG adoptar medidas correctivas.
Además, velar porque los programas o proyectos ejecutados por las ONG/Fundaciones alcancen los resultados esperados en términos de calidad y oportunidad, y en beneficio de la comunidad.
El TSC reitera su firme compromiso de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, con objetividad y profesionalismo.