El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ejecutó una de sus medidas migratorias más drásticas al poner fin definitivo al programa de reunificación familiar y a todos los mecanismos derivados conocidos como “parole humanitario”, una vía que desde 2007 había permitido a miles de migrantes acceder a permisos temporales de permanencia en Estados Unidos.
La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afecta de manera directa a Honduras y a otros seis países de la región, cuyos ciudadanos quedarán inhabilitados de inmediato para solicitar este beneficio migratorio.
El programa, formalmente denominado “Family Reunification Parole” (FRP), permitía a familiares directos de residentes legales o ciudadanos estadounidenses ingresar al país mientras completaban sus procesos migratorios. Sin embargo, la administración Trump argumentó que el mecanismo había sido “utilizado de manera indebida” y que permitía que personas “insuficientemente evaluadas” eludieran los procedimientos tradicionales de verificación y admisión, según el comunicado oficial publicado en el Registro Federal.
Los países afectados por la cancelación son Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Cuba y Haití, cuyos nacionales deberán abandonar Estados Unidos a partir de mediados de enero si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
Además, perderán automáticamente la autorización laboral asociada al programa, lo que incrementa la incertidumbre para miles de familias que habían construido estabilidad económica bajo este estatus temporal.
Organizaciones de defensa de migrantes han calificado la medida como un golpe devastador para la región, especialmente para Honduras, uno de los países con mayor número de beneficiarios.
La cancelación del FRP no solo interrumpe procesos de reunificación familiar, sino que también incrementa la presión migratoria en Centroamérica, donde miles de personas dependen de estos permisos para evitar riesgos asociados a la migración irregular.
El DHS anunció que, en adelante, cualquier solicitud de reunificación será evaluada únicamente “caso por caso”, bajo criterios más estrictos y sin garantías de aprobación, marcando el fin de casi dos décadas de una política que había ofrecido alivio humanitario a miles de familias hondureñas y latinoamericanas.