El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció la excarcelación de 99 personas que permanecían privadas de libertad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro en medio de acusaciones generalizadas de fraude.
Según el comunicado oficial, los liberados estaban vinculados a “hechos de violencia e incitación al odio” ocurridos durante las protestas posteriores a los comicios.
Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales, como el Foro Penal y Amnistía Internacional, sostienen que se trata de ciudadanos detenidos por motivos políticos, y reclaman la liberación de cientos de personas que aún permanecen encarceladas.
Familiares de los excarcelados se congregaron en las afueras de la prisión preventiva Zona 7, en Caracas, donde recibieron a los liberados con pancartas y consignas.
“Esto es un paso, pero no suficiente. Queremos a todos libres”, expresó una madre que esperaba a su hijo, detenido desde hace más de un año.
La oposición venezolana calificó la medida como “insuficiente y tardía”, señalando que el Gobierno busca mejorar su imagen internacional en un contexto de negociaciones con actores externos y presiones diplomáticas.
Estados Unidos y la Unión Europea han reiterado que la liberación de presos políticos es condición para avanzar en el levantamiento de sanciones.
En paralelo, expertos advierten que la liberación parcial podría ser utilizada como estrategia política para dividir a la oposición y ganar legitimidad internacional, sin resolver el problema de fondo: la falta de independencia judicial y el uso del sistema penitenciario como herramienta de control político.
La noticia ha generado reacciones encontradas: mientras algunos celebran la salida de los 99 detenidos, otros insisten en que la verdadera señal de apertura democrática será la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.