El gobierno del presidente Joe Biden limitará el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos con México cuando el jueves se levante la norma sanitaria que permitía expulsar a casi todos los migrantes que intentan entrar en el país.
“Aquellos que no usan vías legales para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo”, explicó este miércoles en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al dar cuenta de esta nueva regla que entrará en vigor el jueves a las 23H59 (03H59 GMT del viernes).
A esa hora expira el llamado Título 42, una norma activada durante la pandemia que hacía casi imposible pedir asilo.
A medida que se acerca la hora aumenta la tensión del lado mexicano de la frontera.
En el río Bravo, el peligroso afluente que marca la frontera, se han multiplicado los cruces de personas en colchones inflables convertidos en improvisadas lanchas, constataron enviados especiales de la AFP.
Y cientos de personas acampan, algunas desde hace días, ya en territorio estadounidense con la esperanza de poder sortear la valla metálica ante el temor de que a partir del viernes sea más difícil.
Jimmy Muñoz, un ecuatoriano de 29 años, logró entrar pero tiene frente a él un alambrado de púas y la valla de unos 4 metros de alto.
“Tengo la esperanza de poder quedarme en este país”, declaró a un equipo de la AFP en Brownsville, Texas, antes de acceder al punto de control donde se decidirá su suerte.
Todo parece indicar que los migrantes no se equivocan.
Aquellos “no elegibles” serán deportados a no ser que demuestren “un temor razonable de persecución” en el país al que van a ser expulsados, recalcó Mayorkas. Les queda la opción de impedirlo pero en “circunstancias muy limitadas”.
El gobierno obliga por tanto a los migrantes a pedir cita para el asilo a través de la aplicación móvil CBP One o a tramitarlo en países por los que transitan para llegar a Estados Unidos, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
Habrá excepciones a las restricciones de asilo: si no han podido acceder o usar la aplicación móvil debido a una barrera del idioma, analfabetismo o fallo técnico, si lo solicitaron y se les denegó en otro país o en circunstancias excepcionales, enumera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado. Tampoco se aplicarán a los niños no acompañados.
Cuando el gobierno propuso esta regla en febrero pasado, las oenegés la compararon con una medida que el expresidente republicano Donald Trump intentó activar en 2019 para impedir la llegada de caravanas de migrantes. Los tribunales se lo impidieron.
“Es un día sombrío para nuestro país y para los refugiados”, estima Jonathan Blazer, director de estrategias fronterizas de la poderosa asociación de derechos civiles estadounidense ACLU.
Biden “ha cerrado la posibilidad de asilo en Estados Unidos a la mayoría de las personas (…) está terminando el trabajo de Trump”, añade en un comunicado.
Pero Mayorkas se mantiene firme: “Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal”.
El martes por la noche, el propio Biden reconoció que “será caótico por un tiempo”. Su gobierno alterna desde hace meses el palo con la zanahoria, proponiendo lo que denomina “vías legales” para una migración “ordenada y segura” con el fin de que los migrantes no caigan en las garras de los traficantes de personas.
Sobre el terreno, Washington tiene más de 24.000 agentes del orden en la frontera junto con otros 1.100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza.
Contará asimismo con cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y 1.000 personas encargadas de las llamadas entrevistas “de miedo creíble”, que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
En cuanto expire la norma sanitaria la política migratoria se regirá exclusivamente por el Título 8, una regla que se usa desde hace décadas y permite expulsar a todo aquel que entre al país sin una visa o la documentación requerida.
Los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela serán expulsados a México y el resto a sus países de origen gracias a acuerdos negociados en el último año y medio.