El balance de migrantes muertos por la crecida de un río en una remota zona selvática de Panamá subió a 16, informó el presidente panameño, José Raúl Mulino.
“El número son 16”, dijo el mandatario en rueda de prensa, un día después de que la policía fronteriza panameña (Senafront) informara que los migrantes muertos eran 10. Sus nacionalidades no han sido informadas.
La tragedia ocurrió dentro de la comarca indígena de Guna Yala, cerca de la frontera con Colombia, una aislada zona selvática que se ha convertido en corredor de miles de migrantes que desde Sudamérica marchan hacia Estados Unidos.
Los cuerpos de los migrantes fueron enterrados por lugareños. Las autoridades creen que lo hicieron para ocultar su complicidad con traficantes de personas.
“Haber enterrado a sus cuerpos sin dar parte a las autoridades es un delito que tiene que investigarse como corresponde”, dijo Mulino.
Senafront afirmó el miércoles que “la delincuencia organizada trasnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insiste en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas”.
“Ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada”, afirmó Mulino. “No es que la ruta controlada sea la panacea […], pero por lo menos está vigilada, está más protegida”, añadió.
En semanas recientes el gobierno panameño cerró varios senderos utilizados por migrantes en la jungla del Darién y abrió un “corredor humanitario” para controlarlos y evitar que sean atacados por bandas criminales.
Las autoridades panameñas desconocen el número exacto de personas que mueren en esta travesía por lo inaccesible de la selva y porque a veces los cuerpos son devorados por animales.
En 2023 más de medio millón de migrantes cruzaron esta jungla, de 575.000 hectáreas, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.
La mayoría son venezolanos, aunque también destacan los ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos.
Para tratar de reducir el flujo migratorio, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo el 1 de julio mediante el cual Washington se compromete a financiar con seis millones de dólares la deportación y expulsión de las personas que crucen el Darién.