La Casa Blanca defiende que las deportaciones a El Salvador realizadas bajo el gobierno de Donald Trump se llevaron a cabo dentro del marco legal, utilizando una ley de 1798. Un juez de Washington decidirá sobre la legalidad de estas expulsiones, que incluyen a 261 migrantes, de los cuales 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El magistrado había ordenado suspender las expulsiones durante 14 días, pero se investiga si algunas se realizaron pese a la prohibición.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que los vuelos ocurrieron antes del fallo judicial y calificó a los deportados como “peligrosos criminales”. Trump argumenta que la ley es necesaria en “tiempos de guerra” debido a lo que considera una “invasión” de migrantes durante la administración de Joe Biden.
En un desafío adicional al poder judicial, Trump prometió perseguir a sus adversarios políticos, cuestionando la validez de los indultos preventivos otorgados por Biden.