CIUDAD DE PANAMÁ. — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prorrogó hasta el domingo la suspensión de varias garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, a pesar de la disminución de las protestas que generaron saqueos, bloqueos y millonarias pérdidas económicas.
La medida, anunciada inicialmente el viernes pasado, responde a actos de violencia ocurridos en la localidad de Changuinola, donde encapuchados atacaron infraestructura pública, incluyendo un aeropuerto y un estadio, y cometieron actos vandálicos en comercios y edificios gubernamentales.
En respuesta, se suspendieron los derechos de reunión, manifestación, inviolabilidad del domicilio y privacidad en las comunicaciones, además del servicio de internet y telefonía móvil.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que el Consejo de Gabinete decidió extender la medida hasta el domingo, aunque señaló que ya no se registran disturbios o enfrentamientos directos.
Sin embargo, continúan bloqueos en algunas carreteras, lo que ha provocado desabastecimiento en la región.
La Policía Nacional ejecuta operativos de allanamiento en busca de bienes saqueados y de los responsables de los desmanes.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, indicó que desde el 28 de abril se contabilizaron más de 40 puntos de bloqueo en carreteras, de los cuales una decena permanece activa.
Mientras tanto, el director de la Policía, Jaime Fernández, aseguró que las fuerzas del orden han retomado el control de la zona.
Las protestas, que inicialmente fueron lideradas por trabajadores de la empresa bananera Chiquita Brands, han derivado en violencia que, según el gobierno, está ahora en manos de pandillas y grupos delincuenciales.
El saldo hasta la fecha es de un muerto, más de 300 detenidos y decenas de heridos, incluyendo 14 policías.
La crisis sigue generando tensión en la frontera con Costa Rica, mientras organizaciones civiles cuestionan el uso de medidas excepcionales prolongadas.