Una jueza federal en Oregon bloqueó este sábado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Portland, suspendiendo temporalmente una orden emitida por el presidente Donald Trump a finales de septiembre como parte de su estrategia para combatir la inmigración ilegal y responder a protestas contra sus políticas migratorias.
La decisión fue tomada por la jueza de distrito Karin Immergut, quien dictaminó que el gobierno federal tiene “prohibido temporalmente” enviar efectivos militares a Portland, la ciudad más poblada del estado, hasta el próximo 18 de octubre. En su fallo, Immergut argumentó que las manifestaciones registradas en la ciudad no representan un “peligro de rebelión” y que las fuerzas de seguridad locales son suficientes para mantener el orden público.
El despliegue había sido solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de una operación conjunta con ICE para reforzar controles migratorios en zonas urbanas con alta presencia de indocumentados. Portland se convirtió en la cuarta ciudad gobernada por demócratas en ser objeto de esta medida, tras Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis.
Desde julio, Portland ha sido escenario de múltiples protestas contra las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración Trump, especialmente tras la aprobación de nuevas directrices que permiten detenciones sin orden judicial en zonas consideradas “de alta prioridad migratoria”.
El presidente Trump defendió el despliegue como “necesario para restaurar la ley y el orden”, mientras que líderes locales, como la alcaldesa demócrata Kate Brown, denunciaron la medida como una “militarización injustificada” que viola la autonomía estatal.
Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch celebraron el fallo judicial, señalando que “la intervención militar en asuntos civiles representa una amenaza a los derechos constitucionales”.
El gobierno federal aún puede apelar la decisión, pero por ahora, Portland permanecerá libre de presencia militar federal en sus calles.