SAN JOSÉ, Costa Rica. — En una comparecencia sin precedentes ante una comisión parlamentaria, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este viernes un “intento de golpe de Estado judicial”, tras el pedido de la Fiscalía para retirarle los fueros y someterlo a juicio por presunta corrupción.
La solicitud, avalada por la Corte Suprema el pasado 1 de julio, plantea que el mandatario sea procesado por el delito de concusión, es decir, abuso de poder para beneficiar a terceros, con una pena que podría alcanzar hasta ocho años de prisión. Es la primera vez en la historia democrática del país que un presidente en funciones enfrenta un proceso de desafuero.
Chaves, economista de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, se presentó ante los diputados que deberán recomendar al pleno legislativo —de mayoría opositora— si procede el retiro de su inmunidad. En su intervención, calificó el caso como un “montaje” y acusó al fiscal general, Carlo Díaz, de actuar por motivaciones políticas.
La Fiscalía sostiene que el presidente obligó a una empresa de comunicación contratada por la Presidencia a entregar 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz. El contrato, financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), habría sido adjudicado mediante un procedimiento “aparentemente” irregular.
“Compatriotas, ¿de verdad creen que este caso tiene sentido más allá del servilismo de un fiscal incompetente?”, cuestionó Chaves, quien también arremetió contra la élite política costarricense, a la que tildó de “casta putrefacta y corrupta”.
El proceso de desafuero se perfila como un punto de inflexión institucional, con implicaciones políticas profundas en el último tramo del mandato de Chaves, que inició en 2022 y concluye en 2026. La Asamblea Legislativa deberá decidir si el presidente enfrenta juicio como ciudadano común o mantiene su inmunidad constitucional.