El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró a su nuevo gobierno con un giro a la derecha para evitar caer en una moción de censura en el Parlamento, donde estará a merced de la líder ultraderechista Marine Le Pen.
En un contexto de crisis política, Macron nombró a inicios de septiembre como primer ministro al veterano político conservador Michel Barnier, quien necesitó dos semanas para tejer una coalición con fuerzas de centro y derecha.
Macron, cuyo mandato termina en 2027, optó por Barnier para formar gobierno al considerar que el exnegociador europeo del Brexit, miembro de LR, podría garantizar una mayoría más estable en la dividida Asamblea Nacional (cámara baja).
Pero la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) ya anunció que presentará una moción de censura contra el gobierno de Barnier, que podría prosperar si la extrema derecha vota finalmente a favor.
El nuevo gobierno cuenta con 39 miembros, procedentes principalmente de la alianza de centroderecha de Macron y del hasta ahora partido opositor Los Republicanos (LR, conservador), que vuelve al poder tras doce años.
Entre estos últimos figura su líder en el Senado, Bruno Retailleau, que asumirá el Ministerio del Interior pese al malestar que provoca entre la izquierda y parte de la alianza de Macron por su línea dura en materia migratoria.
Durante los disturbios en los suburbios de París en 2023, Retailleau, adalid del “orden”, la “autoridad” y la “firmeza”, habló de una “regresión hacia los orígenes étnicos” en estas zonas con población de orígenes extranjeros.
Macron también nombró a la polémica senadora Laurence Garnier, –opuesta al matrimonio igualitario y a blindar el aborto en la Constitución– como secretaria de Estado de Consumo, pese a sonar inicialmente en la cartera de Familia.
Varios miembros del último gobierno repiten como Sébastien Lecornu (Defensa) y Rachida Dati (Cultura) o cambian de cartera como Jean-Noël Barrot (canciller), Catherine Vautrin (Territorios) y Agnès Pannier-Runacher (Ecología).
En Francia, el presidente, que comparte el poder Ejecutivo con el gobierno, no necesita el visto bueno del Parlamento para nombrar a su primer ministro y ministros. La única opción de oponerse es aprobando una moción de censura.
– BAJO PRESIÓN ULTRADERECHISTA –
La amenaza de una censura del gobierno está presente. Las últimas elecciones legislativas, que Macron adelantó en junio, dejaron tres principales bloques –izquierda, extrema derecha y centroderecha–, todos lejos de la mayoría.
La coalición de izquierdas, ganadora de los comicios con 193 diputados, justifica la presentación de la moción de censura en que Macron rechazó nombrar como primera ministra a la candidata de NFP, la economista Lucie Castets.
“Es un gobierno ilegítimo. Si la derecha hubiera ganado, la derecha habría gobernado”, dijo el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, mientras miles de personas manifestaban en Francia para denunciar el “gobierno Macron-Barnier”.
El presidente de centroderecha rechazó designar a Castets en nombre de la “estabilidad”, pero su nuevo gobierno tampoco logra la mayoría de 289 diputados tras intentar atraer en vano a parte de la izquierda.
La supervivencia del gobierno de Barnier depende así de la extrema derecha. Le Pen ya advirtió que su eventual apoyo a una moción de censura dependerá del discurso de política general de Barnier, previsto para el 1º de octubre.
Algunas de sus líneas de trabajo, avanzadas el jueves, responden a reclamos de la extrema derecha: “garantizar la seguridad, controlar la inmigración”, “controlar las finanzas públicas” y “mejorar la vida de los franceses”, entre otros.
Sin embargo, el líder del partido ultraderechista de Le Pen, Jordan Bardella, advirtió este sábado que el gobierno “no tiene ningún futuro”, ya que representa, a su juicio, el regreso del “macronismo por la puerta de atrás”.
Su primera prueba de fuego será la rápida presentación de los presupuestos para 2025, máxime cuando Francia incumple los límites de déficit y deuda públicos fijados por las normas europeas.
La ecuación se anuncia complicada. Barnier, quien asegura heredar “una situación fiscal muy grave”, prometió mejorar los servicios públicos, pero sin aumentar los impuestos a las clases medias.