El diario digital El Faro denunció que la fiscalía de El Salvador prepara el arresto de sus periodistas por publicar entrevistas a pandilleros que revelaron un supuesto pacto con el presidente Nayib Bukele que le permitió llegar al poder, lo que el gobierno negó este domingo.
El Faro difundió de jueves a sábado las entrevistas según las cuales las pandillas ayudaron a Bukele ganar en 2015 la alcaldía de San Salvador y la presidencia en 2019, a cambio de dinero y beneficios para líderes pandilleros presos.
El director del medio de investigación periodística, Carlos Dada, denunció la noche del sábado que la Fiscalía “está preparando órdenes de captura” contra los periodistas que trabajaron en las entrevistas, entre ellos los hermanos Óscar y Carlos Martínez.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, refutó en X esa acusación y aseguró que “en El Salvador se respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de prensa y expresión”.
Pero “recordamos que el principio de legalidad rige en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”, advirtió. Seguidores de Bukele han señalado a El Faro de hacer “apología del delito” al entrevistar a pandilleros.
Tras las declaraciones de Dada, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijeron estar en “alerta” y expresaron “profunda alarma” en sus cuentas en X.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dijo estar “vigilante de cualquier ataque, allanamiento o detención arbitraria contra los colegas”.
Las entrevistas a dos cabecillas de una facción de la pandilla Barrio 18, realizada en un sitio no precisado, dan seguimiento a una investigación de El Faro que reveló en 2020 un supuesto pacto de Bukele con las bandas para reducir los homicidios.
Sin mencionar a El Faro, Bukele escribió en X el sábado que “medios globalistas” han perdido “su negocio” debido a que su política de seguridad redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador.
Según Carlos Cartagena, alias “Charli”, y otro pandillero identificado como “Liro Man”, los contactos con las pandillas los hicieron Carlos Marroquín, director de un programa social del gobierno, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador.
Ambos funcionarios fueron sancionados en 2021 por Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden, que los acusó de participar en negociaciones encubiertas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Tras un fin de semana con 86 muertos, Bukele impuso en 2022 un régimen de excepción bajo el que han sido detenidos unos 86.000 presuntos pandilleros y colaboradores sin que medie orden judicial.