BURKINA FASO. – El régimen militar encabezado por el capitán Ibrahim Traoré anunció este jueves la aprobación de un proyecto de ley que restablece la pena de muerte, abolida en 2018. La decisión fue comunicada tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se precisó que la medida aplicará para delitos como alta traición, terrorismo y espionaje.
El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, explicó que la iniciativa forma parte de una “dinámica de reformas globales en el sector de la Justicia” y busca responder a las “profundas aspiraciones del pueblo burkinés”.
La junta militar sostiene que el país enfrenta una grave crisis de seguridad debido a la expansión de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico, que han provocado miles de muertes y desplazamientos internos en los últimos años.
La medida ha generado preocupación en organismos internacionales. Amnistía Internacional recordó que la última ejecución registrada en Burkina Faso ocurrió en 1988, y advirtió que reinstaurar la pena capital contradice la tendencia global hacia su abolición.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que, aunque el país enfrenta amenazas reales, la pena de muerte es “cruel e irreversible” y no constituye una solución efectiva frente al terrorismo.
Burkina Faso se suma así a otros países africanos que han mantenido o reintroducido la pena capital en contextos de crisis.
En la región del Sahel, marcada por la violencia extremista, los gobiernos militares han endurecido sus políticas de seguridad, lo que ha suscitado críticas por el debilitamiento del Estado de derecho y las libertades fundamentales.
El proyecto aún debe ser debatido en la Asamblea Legislativa de Transición, pero se prevé su aprobación dado el control que ejerce la junta sobre las instituciones. Con ello, Burkina Faso rompería con más de tres décadas sin ejecuciones y con el compromiso asumido en 2018 de avanzar hacia la abolición definitiva. La decisión abre un nuevo capítulo en la política penal del país y plantea un dilema entre la búsqueda de seguridad y el respeto a los derechos humanos.