Los acuerdos de colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los departamentos de policía locales han registrado un incremento sin precedentes durante el primer año del segundo Gobierno de Donald Trump.
Según un nuevo análisis de datos internos de ICE, estos convenios —que permiten a agentes locales realizar arrestos por motivos de inmigración— aumentaron un 950% respecto al periodo anterior, reflejando un giro contundente en la estrategia federal de control migratorio.
Estos acuerdos, conocidos como programas de cooperación 287(g), facultan a policías y alguaciles locales para actuar como agentes de inmigración, ampliando la capacidad de ICE en comunidades de todo el país.
El crecimiento exponencial de estos convenios ha generado un intenso debate sobre su impacto en las libertades civiles y en la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades migrantes. Organizaciones de derechos humanos advierten que la expansión de estas prácticas puede fomentar la discriminación racial y el temor entre residentes indocumentados, dificultando la denuncia de delitos y debilitando la confianza en las instituciones.
Por su parte, defensores de la política argumentan que la colaboración entre ICE y las policías locales fortalece la seguridad pública, al permitir la detención de personas con antecedentes criminales que se encuentran en situación irregular. El Gobierno de Trump ha insistido en que estas medidas son necesarias para proteger a los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.
El aumento del 950% en tan solo un año refleja la prioridad que la administración ha otorgado al control fronterizo y a la aplicación interna de la normativa migratoria.
Sin embargo, expertos señalan que la magnitud del crecimiento plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estos acuerdos y sobre el futuro de la política migratoria estadounidense en un contexto de polarización social y política.