El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el fin de contribuir en los esfuerzos por sanear el sistema de justicia de Honduras, a la ciudadanía y medios de comunicación hace saber lo siguiente:
a. Mediante un oficio enviado el pasado 28 de noviembre, la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó al CNA apoyo para investigar y recopilar información que establezca la posible existencia de actos y/o vínculos de corrupción entre las y los aspirantes.
b. Esta instancia de sociedad civil realizó una investigación y análisis especializado, en donde se recopilaron y cotejaron datos para perfilar a cada candidato, identificando inicialmente una serie de acciones irregulares o relacionadas con actos de corrupción en 50 aspirantes.
c. El informe del CNA, que fue remitido en tiempo y forma a la Junta Nominadora (JN), se convierte en un valioso insumo al develar los vínculos familiares de aspirantes con narcotraficantes y políticos hondureños, así como lazos de consanguinidad y afinidad, aspectos que no deben ser eludidos si realmente se aspira a un sistema de justicia imparcial e independiente.
d. Cabe destacar que, por su contenido de alto valor, el informe se publicó el 16 de diciembre en el Portal de Transparencia de la JN. Ante dicha divulgación, el CNA lo hizo público a través de las redes sociales, derivándose del mismo piezas de comunicación de suma importancia que han captado la atención de la prensa y la ciudadanía en general.
e. El CNA continúa en el proceso de veeduría y perfilamiento de aspirantes, por lo que instamos a la Junta Nominadora a emplear la información remitida como un filtro para garantizar la demanda ciudadana de una corte conformada por personas sin tachas.
f. Nos aproximamos a la recta final de este proceso y recalcamos nuestro compromiso de mantenernos vigilantes para que la justicia quede en manos de las y los mejores candidatos; estamos conscientes que de lo contrario Honduras quedará estancada con una Corte y leyes que no garantizan la independencia judicial y que responden a intereses de estructuras criminales, tal como lo ha venido evidenciando el CNA.