El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que existe responsabilidad penal en el caso de corrupción conocido como el “Checazo”, tras una auditoría que reveló el desvío de fondos del Ministerio de Desarrollo Social (Sedesol) hacia actividades proselitistas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, explicó que, aunque el ente contralor no tiene facultades judiciales, los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público (MP), que deberá tipificar los delitos y continuar con el proceso penal. El informe completo será publicado próximamente en el sitio web institucional.
El escándalo, también conocido como “Cheque Video”, estalló tras la filtración de un audiovisual en el que aparecen la diputada Isis Cuéllar y el entonces ministro José Carlos Cardona discutiendo el uso de dinero público para financiar campañas en Copán.
Cuéllar detalla cómo distribuyó kits valorados en 125,000 lempiras —con equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas y camisetas— a 23 coordinaciones del partido Libre.
La conversación evidencia complicidad entre ambos funcionarios. Cardona, en tono despectivo, sugiere tomar represalias contra una candidata que cuestionó el manejo de los fondos, identificada como Lilian Montufar.
Tras la difusión del video, Cardona fue removido de su cargo y Cuéllar suspendida de sus funciones partidarias. Sin embargo, la diputada ha retomado su actividad política, lo que ha generado críticas por la falta de consecuencias efectivas.
El caso ha encendido alarmas sobre el uso indebido de recursos públicos en campañas políticas y la debilidad de los controles institucionales.
Organizaciones civiles y sectores opositores exigen que el Ministerio Público actúe con celeridad y transparencia para evitar que el caso quede en la impunidad.