El año 2026 comenzó con una serie de acontecimientos que marcan el pulso político, económico y social de Honduras. Entre los hechos más destacados figura el decomiso de mercadería ilegal valorada en 1,100 millones de lempiras, realizado por la Fiscalía Especial contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), en coordinación con Aduanas de Honduras, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
El Ministerio Público informó que los productos incautados —entre ellos cigarros, medicinas, lácteos, cervezas y licores— ingresaron al país de forma irregular, evadiendo controles fiscales. Este golpe al contrabando representa un avance en la protección de las finanzas estatales y la salud pública, según autoridades.
En el plano político, el ambiente se mantiene tenso. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) recibió 11 impugnaciones a pocas horas de vencer el plazo legal, mientras Salvador Nasralla insiste en un recuento de votos tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta Xiomara Castro, en sus últimos meses de mandato, enfrenta presiones por subsidios energéticos y divisiones internas en el Congreso.
Además, el país se encuentra bajo los efectos de una masa de aire frío, que ha provocado lluvias y bajas temperaturas en varias regiones, especialmente en el occidente y norte del país. Las autoridades de COPECO han emitido alertas preventivas y recomiendan precaución ante posibles deslaves y crecidas de ríos.
En el ámbito internacional, una jueza federal en Estados Unidos declaró ilegal la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que podría beneficiar a más de 60,000 hondureños que viven en ese país.
Con estos eventos, Honduras inicia el 2026 en medio de desafíos fiscales, climáticos y políticos, mientras la ciudadanía espera decisiones que garanticen estabilidad y transparencia.