En una contundente acción por la transparencia institucional, el Instituto de la Propiedad (IP) remitió al Ministerio Público (MP) una serie de expedientes que revelan presuntas irregularidades en traspasos y registros de bienes inmuebles.
Las anomalías detectadas podrían constituir delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad y otros ilícitos administrativos.
El abogado Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del IP, confirmó que los casos fueron identificados tras auditorías internas y revisiones exhaustivas realizadas por la autoridad competente.
“Nuestro compromiso es con la legalidad y la rendición de cuentas. No podemos permitir que actos en blanco vulneren la confianza ciudadana en el sistema registral”, declaró Bocanegra.
Los expedientes incluyen operaciones sospechosas en zonas de alto valor inmobiliario, como Valle de Ángeles, Roatán y sectores urbanos de Tegucigalpa, donde se detectaron inscripciones sin respaldo documental, alteraciones en folios registrales y transferencias realizadas sin consentimiento legítimo.
El IP enfatizó que no tiene facultades para determinar responsabilidades penales, pero sí para identificar irregularidades y remitirlas a las autoridades competentes.
En ese sentido, el Ministerio Público deberá realizar las investigaciones pertinentes y, de encontrar mérito, deducir responsabilidades conforme a derecho.
Esta acción se enmarca en una estrategia institucional más amplia para fortalecer la gobernanza pública, recuperar la confianza ciudadana y prevenir el uso indebido del sistema registral.
En los últimos meses, el IP ha intensificado sus controles internos, digitalizado procesos y promovido la interoperabilidad con otras entidades estatales.
La ciudadanía ha recibido con expectativa este paso, en medio de crecientes demandas por mayor vigilancia sobre el patrimonio público y privado.
El Instituto reafirma que continuará con la revisión de expedientes como parte de su misión de garantizar una verdadera propiedad para el pueblo.