El sector agrícola de Honduras enfrenta una crisis creciente debido al incremento acelerado de los precios de fertilizantes y pesticidas, con alzas que, según reportes de comerciantes y asociaciones de productores, podrían alcanzar hasta 200 lempiras por saco.
El aumento está íntimamente ligado a la volatilidad del dólar y a factores externos que afectan las cadenas de suministro global, según la visión de diversos actores del sector.
Medardo Sabillón, comerciante de insumos agrícolas, explicó que “los insumos se han estado incrementando, y a medida que el dólar sube, también lo hacen los precios. Las guerras y conflictos internacionales están perjudicando bastante al productor nacional”.

Sus declaraciones apuntan a una correlación entre la fortaleza de la moneda y el costo de los insumos básicos, una dinámica que golpea especialmente a los pequeños y medianos agricultores.
Pablo Pavón, presidente de la Asociación de Agricultores, advirtió que este será “un año muy difícil” para el campo, ya que los precios de garantía siguen estáticos mientras los costos de producción aumentan cada día.
“Así no se puede. Habrá poca producción en el país”, sostuvo con preocupación, enfatizando la brecha entre los precios de venta establecidos por políticas públicas y los gastos reales de producción.
La creciente disyuntiva plantea un riesgo directo para la seguridad alimentaria nacional. Numerosos productores evalúan abandonar cultivos ante la falta de rentabilidad, lo que podría traducirse en escasez de alimentos y una mayor dependencia de importaciones.

Expertos del sector exigen al gobierno una intervención urgente para esclarecer si los aumentos responden a condiciones del mercado internacional o a posibles prácticas especulativas locales.
“Si hay especulación en la cadena de comercialización, debe haber regulación inmediata”, señalaron, demandando medidas que protejan a los agricultores y contengan los costos para los consumidores.
Hasta ahora, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Dirección de Protección al Consumidor no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la crisis, lo que mantiene a miles de familias campesinas en la incertidumbre frente a un escenario de volatilidad y precios inestables.
Se espera que instituciones públicas convoquen a consultas y adopten medidas de soporte y estabilidad para el sector en las próximas semanas.