El asesor legal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ariel Díaz, dijo queresulta “ilusorio”, por parte de la presidenta, Xiomara Castro, emplazar a la Policía Nacional para que ofrezca resultados si, por otro lado, existe otro órgano del Estado que no ofrece una respuesta en un plazo razonable y con la debida diligencia.
“No basta con que la policía intensifique sus esfuerzos si no se tiene resultados por parte de la autoridad fiscal”, explicó.
Agregó que el emplazamiento de la Presidencia a la Policía Nacional puede entenderse como una forma de presionar a la autoridad administrativa y que ésta, eventualmente, actué de manera irrazonable frente a un fenómeno tan grave y multicausal como es la violencia delincuencial, que debe atenderse de manera integral y no desde un punto de vista reactivo, como lo ha planteado el Poder Ejecutivo.
El pasado 6 de marzo, la Presidenta de la República, Xiomara Castro dijo a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que “se terminó el tiempo de espera” y les exigió “contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas”
Según Díaz, el Estado, en su conjunto, está en la obligación de investigar estos hechos de manera rigurosa en un plazo razonable y con la debida diligencia, lo cual implica que, las autoridades correspondientes, particularmente, la policía, actúe en el marco de los principios rectores de la debida diligencia.
Indicó que se tienen que garantizar pruebas determinantes para poder identificar a los responsables de los hechos. Además, que esas pruebas puedan estar en custodia del Ministerio Público.
Policía y Ministerio Público deben actuar con la debida diligencia
El asesor legal del ente estatal de derechos humanos exigió, tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Ministerio Público, que actúen con la debida diligencia.
Además, que los familiares participen y estén enterados del proceso de investigación y puedan ellos, acceder a la justicia.
Explicó que, en materia de derechos humanos, las víctimas no solamente son las personas que perdieron la vida, sino que también los familiares.
Ellos tienen derecho a acceder a la justicia, para conocer la verdad de los hechos, lo cual implica que las autoridades deben esclarecer las circunstancias y quiénes son los autores que cometieron estos crímenes.
En su criterio los familiares de las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada que implica, necesariamente, que los autores sean procesados, enjuiciados, pero que, también, exista la garantía de no repetición, no solamente para las víctimas en segundo grado, sino que también a la sociedad hondureña en general.
En las últimas horas, Honduras fue escenario de sendas masacres, tanto en la primera avenida de Comayagüela como en la aldea el Portillo de la Mora, en Comayagua, que dejó como saldo 16 muertos.
En lo que va de la presente administración (2022- marzo 2023) se han registrado alrededor de 60 masacres que han dejado como saldo alrededor de 230 muertos.