Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu comparecieron ante la jueza que instruye el llamado Caso Negreira y defendieron que los pagos realizados a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira respondieron exclusivamente a contratos de asesoramiento y elaboración de informes arbitrales, y no a retribuciones dirigidas a árbitros.
La declaración se produjo en el marco de una investigación sobre movimientos económicos que han sacudido al fútbol español en los últimos años.
Según la querella presentada por la Fiscalía en 2023, el club habría abonado más de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 a favor de Negreira —exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros— o a sociedades vinculadas a él.
La Fiscalía pretende esclarecer si esos pagos pudieron haber servido para influir en decisiones arbitrales y, por ende, en la competición. El FC Barcelona y sus exdirectivos sostienen que las contraprestaciones correspondían a la compra de informes técnicos sobre arbitraje y formación, servicios destinados a mejorar el conocimiento del club sobre criterios arbitrales.
Bartomeu, a su salida de los juzgados en Barcelona, declaró ante los periodistas que “hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido estos últimos años han quedado anuladas”, subrayando que las actuaciones se ajustaban a la legalidad y a la práctica habitual de contratación de servicios externos. Rosell, por su parte, mantuvo la misma línea defensiva, insistiendo en que no existió intento alguno de manipulación y que las empresas facturantes ofrecían productos de análisis y consultoría.
El caso ha generado un intenso debate público y político dada la relevancia de las partes implicadas y la magnitud de las sumas señaladas. Las diligencias judiciales avanzan para determinar la naturaleza precisa de los trabajos contratados y si existió alguna irregularidad contable o penal. Mientras tanto, el FC Barcelona afronta la investigación con una postura de transparencia y respaldo a que la documentación pruebe la legalidad de los contratos suscritos en dos décadas de actividad futbolística.