El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha sido formalmente acusado por la Fiscalía española de abuso de funciones y administración desleal durante su mandato entre 2014 y 2020.
La investigación, que se desprende de una auditoría forense ordenada por la actual directiva encabezada por Joan Laporta, señala al exdirigente por presuntas irregularidades en al menos tres operaciones millonarias que habrían causado un perjuicio económico al club.
Entre los casos bajo lupa figura el fichaje del brasileño Malcom en 2018, por el que el Barça pagó 41 millones de euros al Girondins de Burdeos. Según el Ministerio Público, Bartomeu autorizó pagos a intermediarios sin contrato previo ni aprobación de la junta directiva, incluyendo una comisión del 25%, muy por encima del estándar del sector.
Esta operación obligó al club a presentar una regularización fiscal con recargos e intereses, elevando el coste total sin retorno deportivo equivalente.
También se investiga la contratación de Neymar, que ya había generado controversias judiciales previas, y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por supuestas afectaciones derivadas del proyecto Espai Barça. La Fiscalía sostiene que Bartomeu actuó “en connivencia” con otros altos cargos del club, como Òscar Grau y el abogado José Ángel González Franco, quienes también han sido citados a declarar.
Las comparecencias judiciales están programadas para el 24 de octubre y el 4 de diciembre. En un comunicado, los abogados de Bartomeu admiten que pudo haber “errores administrativos”, pero niegan que existan pruebas de beneficio patrimonial personal.
El caso se suma a otros frentes judiciales abiertos contra el exmandatario, incluyendo el llamado “Caso Negreira”.
La investigación actual podría marcar un punto de inflexión en la gobernanza del club, que busca recuperar credibilidad institucional tras años de turbulencias financieras y legales.