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CINTILLO

Legislativo fortalece combate al lavado de activos

El decreto contiene siete apartados, cada uno de los cuales conlleva modificaciones y adiciones a artículos de cuatro normativas vigentes, en un documento que consta de 80 páginas. 

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El Congreso Nacional aprobó, tras una amplia discusión, un paquete de reformas que fortalecerán el sistema nacional de prevención, detección, supervisión, investigación, persecución y combate del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como los mecanismos para la recuperación de activos.

Las reformas, aprobadas por la mayoría de los diputados presentes, están en armonía con los estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y adoptados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El decreto contiene siete apartados, cada uno de los cuales conlleva modificaciones y adiciones a artículos de cuatro normativas vigentes, en un documento que consta de 80 páginas.

El diputado Mario Pérez, presidente de la comisión especial de dictamen nombrada por el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, explicó que el decreto aprobado en tercer y último debate incorpora sugerencias de diputados de varias bancadas.

«Arrancamos con el documento que teníamos en ese momento, al que se le ha dado primer y segundo debate, pero el acuerdo de la comisión fue hacer las modificaciones surgidas de las reuniones de trabajo», detalló previamente a la lectura del nuevo dictamen.

Pérez detalló que en esencia es el mismo documento cuyo contenido no incluye enmiendas drásticas a las estipulaciones iniciales, sino que «son modificaciones muy pequeñas».

 

LISTA GRISS

El diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Marlon Lara, destacó que con la aprobación de estas reformas el Legislativo hondureño avanza para que Honduras no caiga en la lista gris que regula el Gafi.

La lista gris incluye países con deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero que están trabajando con el Gafi para corregirlas.

«Esto es algo bueno para el país… Es estandarizar las normas vigentes del Gafi con todos los países para que las instituciones bancarias nacionales no vayan a ser sancionadas por los bancos corresponsales que incluso le pueden cancelar las cuentas», dijo el legislador liberal.

Lara destacó que «con esto nosotros estamos cumpliendo normas para poder estar en el sistema financiero internacional y que exista certeza de que el país no se presta, con leyes que no son duras, al lavado de activos y a dineros de origen ilícito».

Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Marco Ramiro Lobo las reformas pueden alterar bienes y destinos de ciudadanos a quienes se les ha incautado algún bien, aunque aplaudió aspectos como la derogación de la presunción de la ilicitud y la protección al tercero de buena fe.

Otro de los aspectos positivos destacado por el diputado por Olancho es que la carga probatoria ahora se invierte y corresponde al Ministerio Público.

 

REFORMAS APROBADAS

El decreto reforma cuatro normativas vigentes: el decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial contra el Lavado de Activos; el decreto 131-2014, de la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); el decreto 27-2010, de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, y el decreto 129-2004, de la Ley del Sistema Financiero.

En el caso de la Ley Especial contra el Lavado de Activos se reforman 29 artículos y se incorpora por primera vez un marco regulatorio estricto para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) -exchanges y billeteras de criptomonedas- que deberán transmitir y verificar información de usuarios en toda la cadena de operaciones.

También, el decreto reforma por adición los artículos 6-A, 7-A, 32-A, 65-A, 65-B, 65-C y 65-D e incorpora en la misma ley un nuevo Capítulo VI denominado «De los proveedores de servicios de activos virtuales» y un nuevo texto para los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, cuya numeración se encuentra disponible dentro del orden correlativo de la ley.

Esas reformas incluyen que en Honduras se prohíbe el de-risking, es decir que los bancos, cooperativas y financieras cierren, limiten o nieguen sus servicios solo porque un cliente fue requerido por el Ministerio Público, tenga un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o sea Persona Expuesta Políticamente (PEP).

Las PEP incluyen a funcionarios que hayan ejercido un alto cargo en la función pública, diputados y alcaldes, entre otros.

Al respecto, el artículo 6-A señala que los bancos, financieras y otras entidades reguladas deben gestionar sus riesgos sin excluir injustamente a las personas del sistema financiero.

 

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Con el nuevo capítulo de la Ley Especial contra el Lavado de Activos se crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav), para regular a quienes operen o pretendan operar en el territorio nacional.

En el tema de transporte transfronterizo de dinero, considerado uno de los principales mecanismos utilizados en el lavado de activos para mover recursos de origen ilícito entre diferentes países, se elevó el monto obligatorio a declarar en las aduanas, de 10.000 dólares a 15.000 dólares.

Ese monto, de acuerdo con lo explicado por el diputado Pérez ante un señalamiento del liberal Carlos Umaña, es el nuevo estándar internacional.

Con la reforma a la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), los abogados, notarios y contadores, cuando realicen ciertas operaciones corporativas o financieras para sus clientes, están obligados a cumplir con deberes estrictos de control y reporte.

En total, la reforma modifica 11 artículos de esa ley y también incluye en este control estricto a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad comercial de compra y venta de bienes raíces, así como a los que se dediquen a la compra y venta de automóviles.

 

PRIVACIÓN DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO

En tanto, la reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito incluye cambios en 12 artículos con el propósito de corregir errores del pasado relacionados con bienes incautados que sufrieron deterioro bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Para ese fin, para el caso, la reforma establece que en los casos de los inmuebles destinados a domicilio familiar «solo procederá la medida cautelar de aseguramiento, siempre y cuando no sea el espacio físico en donde se produce la actividad delictiva».

También indica que «con el propósito de preservar la disponibilidad, integridad, valor económico y destinación lícita de los bienes susceptibles de la acción de privación de dominio, el órgano jurisdiccional competente, a solicitud fundada del Ministerio Público, decretará las medidas cautelares que resulten razonables, idóneas, justificadas, apropiadas… sin notificaciones ni audiencias previas».

No obstante, agrega que «al seleccionar la medida aplicable deberá privilegiarse aquella que resulte menos restrictiva para los derechos de los afectados y que permita alcanzar eficazmente los fines previstos en la presente ley».

 

REFORZAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos y otras normativas conexas aprobadas este martes forman parte de un segundo paquete de medidas respaldadas por el Legislativo para blindar al sistema financiero nacional.

El primero ya se aprobó el 16 de junio pasado, cuando la Cámara Legislativa respaldó la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, que crea un registro en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para identificar a las personas naturales propietarias de sociedades mercantiles.

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