El “Piñatón” de SEDESOL con los fondos de migrantes
*** Más de 100 cheques y vacíos documentales desatan investigación por posible mal manejo de fondos públicos
La Comisión Técnica Liquidadora presentó ante el Ministerio Público (MP) una serie de informes en los que expone presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la atención de emigrantes retornados, señalando la existencia de cheques emitidos a funcionarios para pagos en efectivo, sin la documentación de respaldo correspondiente.
Según los hallazgos, se identificaron 115 cheques por un monto de 47.3 millones de lempiras relacionados con programas ejecutados por la Red Solidaria y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destinados a apoyar a hondureños retornados desde Estados Unidos.
La documentación revisada indica que la inversión total del programa alcanzó los 104.4 millones de lempiras para beneficiar a más de 40,000 personas. Sin embargo, la Comisión Liquidadora encontró inconsistencias en varias operaciones efectuadas mediante pagos en efectivo, especialmente por la ausencia de liquidaciones individuales que permitan verificar el destino final de los fondos entregados.
El informe también señala que una parte de los recursos fue canalizada a través de Banadesa, mientras otra fue manejada mediante cheques entregados a funcionarios para posterior distribución. No obstante, en numerosos casos no se encontraron documentos suficientes que acrediten la entrega efectiva de los beneficios a los destinatarios finales.
VACÍOS DOCUMENTALES

Las observaciones incluyen ocho cheques emitidos en enero de 2026, por aproximadamente dos millones de lempiras, sobre los cuales también existirían vacíos documentales que deberán ser investigados por las autoridades competentes.
La Comisión Técnica Liquidadora remitió los expedientes al MP, con el propósito de que se determine si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales en el manejo de estos recursos públicos.
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Las investigaciones del Ministerio Público (MP) buscan establecer si los fondos destinados a la atención de migrantes retornados en el gobierno de Xiomara Castro fueron utilizados conforme a los objetivos para los cuales fueron aprobados, o si existieron irregularidades que afectaron la correcta ejecución de los programas sociales dirigidos a una de las poblaciones más vulnerables del país.

