El expresidente JOH no tiene por qué ser acusado de lavado de activos

*** Según la togada, no existiría el delito de lavado de activos si no se logra demostrar previamente el origen ilícito del dinero

La abogada, Doris Madrid, afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández no tiene por qué ser acusado de lavado de activos, ya que se trata de un delito proveniente de actividades criminales y relacionado con el llamado “dinero sucio”.

La principal tesis jurídica, según la togada, es que no existiría el delito de lavado de activos si no se logra demostrar previamente el origen ilícito del dinero.

Indicó que el lavado de dinero requiere acreditar diferentes etapas, entre ellas, la colocación, el ocultamiento y la integración del dinero, así como identificar y demostrar la actividad criminal que generó los recursos y la organización criminal vinculada con la colocación y el ocultamiento del dinero.

Madrid sostiene que, si los recursos cuestionados provienen del Presupuesto General de la República, su origen es público, por lo que no se cumpliría con el requisito de demostrar un origen ilícito.

Por lo tanto, afirma la abogada: “La Fiscalía debe acreditar de manera concreta la procedencia ilícita de los fondos y los mecanismos utilizados para incorporarlos al sistema financiero”.

El argumento central de la profesional de las ciencias jurídicas es que no basta con demostrar movimientos de dinero para configurar el delito de lavado de activos; también debe establecerse que esos recursos proceden de una actividad ilícita.

Madrid sugirió que siempre hay que tener en mente que la característica del dinero ilícito es que es “sucio” y, precisamente por eso, varias teorías le llaman blanqueo de capitales.

La profesional del derecho dijo que la acusación por fraude y lavado de activos surgió en el contexto del proceso que enfrentaba el expresidente JOH en Estados Unidos, donde se presentó una carga probatoria relacionada con una supuesta vinculación con redes de narcotráfico.

Madrid cuestionó la celeridad con la que el Ministerio Público intervino en acciones de privación de dominio, considerando que este proceso requiere una investigación documental para conocer la trazabilidad del dinero.

Posteriormente, se produjo un indulto y una resolución favorable al expresidente en el proceso de apelación.