El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría financiera y de cumplimiento legal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), luego de una denuncia relacionada con la presunta falta de liquidación e irregularidades en la entrega del Bono Tecnológico Productivo.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que la auditoría comprende el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026 y forma parte del Plan Operativo Anual del ente contralor.
La comisión auditora fue instalada en la SAG a inicios de este año para revisar de manera integral la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la normativa legal.
Explicó que, además de analizar la administración de los recursos asignados a la Secretaría, la auditoría incorporó una denuncia pública presentada en mayo pasado sobre una posible falta de liquidación del programa, destinado a apoyar a productores agrícolas del país. Tras conocerse la denuncia, la comisión estableció comunicación con el enlace designado por la SAG para solicitar información adicional.
Isaula aclaró que la fiscalización no se limita a la denuncia sobre el bono, sino que abarca toda la gestión presupuestaria de la dependencia durante los últimos cuatro años, incluyendo mecanismos de control, ejecución de recursos y cumplimiento de disposiciones legales. Dentro de las diligencias se realizan análisis documentales, revisión de expedientes y toma de declaraciones.
El funcionario indicó que también se revisa si durante la administración anterior de la SAG se efectuaron las verificaciones correspondientes al momento de distribuir los insumos del Bono Tecnológico Productivo a los beneficiarios.
Una vez concluidas las investigaciones, el TSC elaborará un informe final con los hallazgos, recomendaciones y, de existir mérito, las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, las cuales serán notificadas a las autoridades competentes. Si no se identifican irregularidades, el informe también será divulgado para garantizar la transparencia del proceso.
Isaula reiteró que el objetivo de la auditoría es verificar el uso adecuado de los recursos públicos asignados a la SAG y garantizar que la ejecución presupuestaria se haya realizado conforme a la ley y a los principios de rendición de cuentas.