La Cancillería informó que toma nota de la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los casos relativos al Estatus de Protección Temporal (TPS).
Lo anterior está específicamente relacionado a lo fallado por a Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente, Donald Trump, al avalar la revocación del TPS para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360 mil personas.
La decisión (6-3) da luz verde a la deportación para unos 350 mil haitianos y seis mil 100 sirios, además de poner en peligro a aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de diecisiete países.
Ante ese contexto, el gobierno hondureño indicó que se han articulado acciones para defender con firmeza los derechos de connacionales.
Cancillería se pronunció que «si bien dicha resolución judicial modifica la jurisprudencia de revisión en casos que no conciernen directamente a Honduras de forma explícita, su alcance jurídico global tiene implicaciones relevantes para el conjunto del programa y, en particular, para los procesos que amparan a miles de familias hondureñas que han vivido, trabajado y contribuido en los Estados Unidos durante más de dos décadas».
«Se han articulado acciones para defender con firmeza los derechos de nuestros connacionales. En ese contexto, se ha solicitado formalmente una audiencia de urgencia con el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos con el fin de abordar directamente este tema de forma bilateral».
«Honduras respeta el orden constitucional y las instituciones de los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, confía en que la implementación de las decisiones migratorias se realice con un alto sentido humanitario, respeto estricto a la unidad familiar y previsibilidad. Detrás de las cifras hay madres, padres, contribuyentes, emprendedores y niñas y niños ciudadanos estadounidenses para quienes una transición abrupta supondría una grave afectación a sus vidas», detalla el comunicado.
La Cancillería afirmó que intensificará las gestiones ante las autoridades competentes estadounidenses para procurar e impulsar acuerdos enfocados en: Un Período de Gracia y Transición Administrativa: Un plazo razonable y ordenado que otorgue a las personas afectadas el tiempo necesario para gestionar de manera responsable sus asuntos migratorios, laborales, familiares, educativos y patrimoniales.