COPÁN. – El Ministerio Público asestó un nuevo golpe al crimen organizado en el occidente de Honduras.
La UF-ADPOL, la ATIC y la PMOP ejecutaron acciones de privación de dominio sobre 104 bienes vinculados a varios integrantes de un núcleo familiar investigado por no justificar el origen de casi 500 millones de lempiras, en una operación coordinada en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.
Los bienes afectados pertenecen al núcleo familiar de un ciudadano hondureño que cuenta con un requerimiento fiscal interpuesto desde mayo de 2025 y contra quien permanece activa una alerta roja internacional de captura por delitos de criminalidad organizada. El patrimonio asegurado incluye 19 bienes inmuebles, 40 vehículos de diversos modelos, 38 productos financieros y siete empresas mercantiles en funcionamiento. Entre los activos intervenidos se identifican además una gasolinera, viviendas, fincas, beneficios de café, una lotificadora y cuentas bancarias.
Las investigaciones de campo de la ATIC detectaron nexos y sólidas transacciones comerciales-financieras entre el principal acusado y Orlando Pinto Espino, considerado uno de los máximos líderes de la estructura criminal «Los Pinto».
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) constató que el investigado movilizó más de 1,600 millones de lempiras en el sistema financiero nacional. Los análisis contables forenses determinaron la existencia de un vacío financiero de 418 millones de lempiras cuyo origen no fue acreditado documentalmente.
La historia de «Los Pinto» dentro de los expedientes de las autoridades no comenzó este año. El apellido atravesó operaciones como Errabundo, Errabundo II y Sultán, y en cada ocasión les fueron asegurados decenas de bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y productos bancarios vinculados a integrantes del clan.
En la más reciente operación, el Ministerio Público concluyó además nuevos aseguramientos que incluyeron seis cuentas bancarias adicionales y un vehículo, ampliando el cerco patrimonial sobre la familia investigada.
Las autoridades continúan avanzando en las diligencias judiciales para establecer la responsabilidad penal de los implicados y recuperar los activos de presunto origen ilícito para el Estado hondureño.