El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el presidente de la República, Nasry Asfura, tomó la histórica decisión de disolver la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en un giro radical de la estrategia de seguridad del Estado hondureño.
La decisión fue respaldada por los presidentes de los poderes del Estado como parte de una nueva estrategia gubernamental orientada a fortalecer el combate contra el crimen organizado, las maras y las estructuras delictivas que operan en el país.
La determinación de cancelar la Dipampco surge luego de la muerte de cinco agentes policiales durante un operativo ejecutado en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, el cual habría sido realizado sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, generando fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos operativos y de control dentro de la institución.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, había anticipado su postura días antes. «Lo que empezó mal, termina mal», manifestó al señalar que la Dipampco «no le dan realmente la importancia» y se están «desperdiciando esos elementos», advirtiendo que la institución tenía que desaparecer.
En su lugar nace una nueva estructura.
La Agencia Nacional contra el Crimen es definida como una entidad interinstitucional para realizar y establecer políticas públicas, estrategias y acciones contra la delincuencia, en la que participarían la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, organismos de inteligencia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, todos bajo una sola coordinación.
Esta nueva fuerza contará además con respaldo y cooperación de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas.
En el plano legal, la medida se complementa con reformas recientes al Código Penal.
Las maras y pandillas ya son consideradas asociaciones terroristas en Honduras tras la publicación en el diario oficial La Gaceta del Decreto 84-2026, que reforma el Código Penal y endurece las penas por extorsión y crimen organizado, normativa que entró en vigencia el 22 de mayo de 2026.
El CNDS adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, y que algunos agentes podrían ser incorporados a nuevas dependencias especializadas, siempre que aprueben los procesos de evaluación y certificación establecidos por el Estado.