Con 81 votos a favor de 117 diputados presentes, el Congreso Nacional aprobó una moción orientada a supervisar y regular los negocios de origen chino que operan en el territorio hondureño, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias, comerciales y migratorias del país.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, quien argumentó que la medida busca proteger a los comerciantes hondureños y verificar que los establecimientos chinos operen dentro del marco legal vigente y cumplan con el pago de sus impuestos correspondientes. Pérez señaló que la primera institución llamada a actuar debe ser el Servicio de Administración de Rentas (SAR), para corroborar si dichos comercios honran sus obligaciones tributarias.
La moción también involucra a la Administración Aduanera de Honduras, que deberá revisar si la importación de productos chinos se realiza conforme a la ley y si se cancelan los aranceles correspondientes. De igual manera, se solicitó la participación del Banco Central de Honduras para vigilar posibles fugas de divisas hacia China, de la Secretaría de Industria y Comercio para supervisar permisos y calidad de productos, y del Instituto Nacional de Migración para verificar el estatus legal de los propietarios de estos negocios.
Durante el debate, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, bajo el gobierno del Partido Libertad y Refundación, los departamentos de Choluteca y Valle han resentido un severo impacto económico. Según el congresista, la ausencia de acuerdos comerciales favorables provocó el cierre de varias empresas camaroneras en la zona sur y la pérdida de aproximadamente 15 mil empleos. «No fueron capaces de garantizar que China comprara el camarón hondureño en las mismas condiciones que Taiwán», expresó.
Por su parte, el diputado del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-SD), Cárlenton Dávila, respaldó la protección al comerciante nacional, aunque advirtió que deben establecerse límites razonables para las importaciones a fin de no afectar la actividad económica del país.