El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dejar sin valor y efecto más de 290 nombramientos efectuados en febrero durante la administración de la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando.
La decisión, adoptada por mayoría, marca un giro en la política administrativa del máximo tribunal y abre un proceso de revisión interna sobre la legalidad de los movimientos realizados en la gestión anterior.
El magistrado Walter Miranda explicó que la medida responde a un criterio estrictamente administrativo y no implica, en esta etapa, señalamientos directos de irregularidades.
Sin embargo, subrayó que los empleados afectados deberán someterse a una auditoría interna para verificar si sus nombramientos se ajustaron a la normativa vigente.
En ese marco, se les permitirá presentar sus descargos ante las instancias correspondientes y ejercer los recursos legales establecidos.
La resolución se fundamenta en un informe elaborado por una comisión de magistrados, que analizó los acuerdos relacionados con nombramientos, traslados y otros movimientos internos realizados en el período señalado.
El documento concluyó que era necesario revisar la validez de los actos administrativos para garantizar transparencia y orden institucional.
Con el fin de asegurar la continuidad de las funciones en el Poder Judicial, el pleno facultó al presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, para realizar contrataciones de carácter interino.
De igual manera, se anunció la convocatoria a concursos internos, con el propósito de que las plazas sean asignadas bajo criterios de meritocracia y capacidad profesional.
Las autoridades judiciales recalcaron que las investigaciones continúan y no se descarta la adopción de nuevas medidas conforme avancen los procesos de revisión.
La decisión, considerada de alto impacto, busca fortalecer la institucionalidad y enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía sobre el compromiso de la CSJ con la transparencia y la legalidad.