El Congreso Nacional de Honduras destituyó al fiscal general, Johel Zelaya, tras aprobar con 93 votos a favor —provenientes de cuatro bancadas— la resolución final del juicio político en su contra.
La decisión se produjo luego de que Zelaya, quien ya se encontraba suspendido, se negara a comparecer ante el pleno legislativo, pese a haber sido convocado tras el proceso de investigación realizado por una Comisión Especial.
Durante la sesión, la Junta Directiva dio lectura al informe final de la comisión, el cual concluyó que existen indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño del cargo y falta de independencia funcional.
El documento se basó en el análisis de pruebas documentales y testimonios de al menos siete testigos que comparecieron durante el proceso.
En ese sentido, la comisión recomendó al pleno determinar responsabilidad política y proceder con la destitución del titular del Ministerio Público.
La jornada legislativa se desarrolló en medio de un ambiente de alta tensión, con protestas de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes manifestaron su rechazo con gritos y silbidos dentro del hemiciclo.
Pese a ello, el Congreso continuó con la lectura del informe y avanzó hacia la votación final.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la actuación del Legislativo, asegurando que se respetaron las garantías del debido proceso.
“Él renunció a su derecho de presentarse ante el pleno del Legislativo y no podemos esperar más. Este Congreso ha respetado el proceso constitucional”, expresó.
Con esta votación, el Congreso concreta la separación definitiva de Zelaya del cargo, en un proceso que ha generado fuertes reacciones y debate sobre el uso del juicio político en Honduras.
El caso marca un precedente en la historia reciente del país, en medio de cuestionamientos sobre sus implicaciones políticas e institucionales.