Los Ángeles, EE.UU. – Crystal Hefner, viuda del fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, pidió públicamente que se investigue a la Hugh M. Hefner Foundation por la gestión de miles de documentos y archivos privados pertenecientes a su difunto esposo.
La denuncia, presentada en una conferencia de prensa en Los Ángeles, fue respaldada por la abogada de derechos de las mujeres Gloria Allred, quien solicitó a los fiscales generales de California e Illinois abrir una investigación formal.
Según Hefner, los materiales en poder de la fundación incluyen diarios personales, álbumes íntimos y fotografías explícitas de mujeres y, “posiblemente”, menores de edad.
La viuda subrayó que no se trata de imágenes publicadas en la revista, sino de registros privados que documentan momentos ocurridos en la mansión Playboy y otros espacios íntimos.
“Estos archivos contienen información altamente sensible que nunca debió salir del ámbito personal”, declaró.
El origen de la noticia se remonta a la conferencia de prensa realizada el pasado 18 de febrero en Los Ángeles, donde Crystal Hefner reveló que fue destituida como presidenta de la fundación apenas un día antes de hacer pública su denuncia.
Según ella, la decisión responde a su insistencia en esclarecer el manejo de los documentos y garantizar que no sean digitalizados ni distribuidos de manera inapropiada.
La polémica reabre el debate sobre el legado de Hugh Hefner y el impacto cultural de Playboy.
Mientras algunos defienden la revista como símbolo de liberación sexual, otros cuestionan las prácticas detrás de su imperio y advierten que los archivos podrían destapar vulneraciones de derechos.
De concretarse, la investigación marcaría un precedente en la protección de archivos privados vinculados a figuras públicas y en la regulación de fundaciones que administran materiales sensibles.
Crystal Hefner insiste en que la transparencia es fundamental para preservar la memoria histórica sin poner en riesgo la dignidad de las personas retratadas.
El caso ahora queda en manos de las autoridades estatales, que deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal.