** Servicios básicos y tributos municipales incluidos en la amnistía: ENEE, SANAA, HONDUTEL y CONATEL
** Vehículos modelo 2010 o anteriores podrán registrarse con pago único de L10,000
Tras su aprobación por unanimidad en el Congreso Nacional y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 13 de febrero de 2026, entró en vigor un amplio paquete de amnistías que beneficia a miles de ciudadanos, familias y empresas con obligaciones pendientes acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.
La medida, aprobada el 3 de febrero por el Poder Legislativo, busca brindar alivio económico, fomentar el cumplimiento voluntario y dinamizar la recaudación pública.
El decreto permite a los contribuyentes ponerse al día pagando únicamente el monto principal de sus deudas, sin cargas adicionales por mora administrativa o judicial. Entre los principales beneficios destacan:
–Servicios básicos y tributos municipales: Los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), de las alcaldías, de HONDUTEL y de CONATEL podrán cancelar sus saldos pendientes abonando solo el consumo o tributo neto, eliminando recargos por mora.
–Tasa vehicular y obligaciones municipales: Se condonan multas, intereses y recargos en la matrícula vehicular, tasas registrales y otros impuestos municipales en todo el país. Además, se autoriza de forma excepcional la importación, nacionalización y registro de vehículos procedentes del extranjero sin restricción por año de fabricación. Para unidades modelo 2010 o anteriores, se establece un pago único de L10,000, que incluye la matrícula correspondiente al año 2026.
–Ámbito aduanero y migratorio: El decreto faculta el registro y regularización de vehículos importados bajo condiciones especiales.
En materia migratoria, se suspenden temporalmente las sanciones económicas a personas extranjeras en tránsito irregular, siempre que realicen su registro biométrico y regularización ante las autoridades. Esta amnistía migratoria se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 en varios de sus componentes.
Las autoridades competentes —alcaldías, ENEE, Instituto de la Propiedad, Aduanas y el Instituto Nacional de Migración— enfatizaron que la vigencia de estos beneficios es limitada.
En la mayoría de los casos, los contribuyentes cuentan con un plazo general de tres meses a partir de la publicación en La Gaceta para efectuar los pagos o suscribir convenios.
Con esta medida, el gobierno busca aliviar la carga financiera de la población y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación fiscal en un contexto de dificultades económicas.