El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reveló que en los últimos diez días el Estado ha recibido embargos por más de 3 mil millones de lempiras, una cifra que impacta directamente en el tesoro público y amenaza las inversiones proyectadas en áreas clave como salud, educación y seguridad.
La declaración se produjo tras una reunión de alto nivel entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, magistrados de la Sala Laboral, el procurador general Dagoberto Aspra, el ministro Hernández Hércules y miembros del Directorio del Banco Central de Honduras.
El encuentro tuvo como objetivo analizar la creciente ola de demandas laborales contra instituciones estatales, que han derivado en medidas de embargo con graves consecuencias financieras.
El titular de Finanzas subrayó que los recursos embargados no estaban contemplados en el Presupuesto General de 2025 ni en el de 2026, lo que obliga a replantear proyectos estratégicos.
“Tenemos que ponerle freno a estas medidas sistemáticas que realizan actores tanto de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, advirtió.
Hernández Hércules detalló que los embargos provienen principalmente de procesos laborales incoados en juzgados de Tegucigalpa y en varias alcaldías del país.
Ante esta situación, insistió en la necesidad de un esfuerzo interinstitucional, respetando la independencia de poderes, pero trabajando de manera complementaria para proteger las finanzas públicas.
En relación con la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, el ministro adelantó que será aprobado en Consejo de Ministros antes de enviarse al Congreso Nacional.
Explicó que la austeridad y la responsabilidad fiscal serán ejes centrales: se reducirá el gasto corriente, se recortará el aparato estatal de 113 a 78 instituciones, y se priorizará el pago de deuda y pasivos laborales. La estrategia busca generar ahorros significativos que permitan redirigir recursos hacia inversiones prioritarias, en un contexto donde los embargos y la deuda creciente amenazan la estabilidad financiera del país.