El nombramiento de Carla Marina Paredes Reyes, exministra de Salud, ha generado debate en los círculos políticos y sanitarios del país.
Conforme al acuerdo número 7654-2025, fechado el 9 de septiembre de 2025, el traslado fue autorizado por el Servicio Civil mientras la funcionaria aún ejercía como titular de la Secretaría de Salud.
En su cargo ministerial, Paredes percibía un salario superior a los 100 mil lempiras, cifra que se mantuvo en su nuevo puesto, donde se le asignó un sueldo de 105 mil 201 lempiras con 92 centavos. El acuerdo fue emitido en un contexto en el que la funcionaria también presidía la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que incrementó las críticas sobre la concentración de responsabilidades y beneficios.
El Hospital San Lorenzo, ubicado en el departamento de Valle, es uno de los centros asistenciales más importantes de la zona sur del país.
La designación de Paredes como médico de guardia ha sido interpretada por analistas como una medida para asegurarle continuidad laboral tras su salida del gabinete, aunque se cuestiona la pertinencia de que un exministro ocupe un cargo operativo en un hospital público.
Diversos sectores han señalado que este tipo de nombramientos reflejan la falta de transparencia en los procesos de traslado y contratación dentro del sistema de salud.
Organizaciones civiles han pedido que se revisen los acuerdos emitidos durante la gestión de Paredes, argumentando que podrían existir conflictos de interés.
La Secretaría de Salud no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, mientras que el gremio médico se mantiene expectante ante la posibilidad de que este precedente influya en futuras designaciones.
El episodio pone nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el sector público para garantizar que los nombramientos respondan a criterios técnicos y no políticos.