El Presidente Nasry Asfura anuncia parte de su gabinete

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El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, confirmó los primeros nombres que integrarán su gabinete, en vísperas de su toma de posesión oficial el próximo 27 de enero en el Congreso Nacional.

Entre los designados destacan perfiles con experiencia en áreas financieras, diplomáticas y administrativas, reflejando la intención de conformar un equipo técnico y político capaz de enfrentar los retos económicos y sociales del país.

Los nombramientos incluyen a Emilio Hernández Hércules como titular de la Secretaría de Finanzas, quien tendrá la responsabilidad de manejar un presupuesto nacional presionado por la deuda pública y la necesidad de acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Cancillería, la designación de Mireya Agüero, exdiplomática con trayectoria en relaciones exteriores, apunta a fortalecer la política internacional y la cooperación con socios estratégicos. 

Asimismo, Luis Castro asumirá como Secretario de la Presidencia, encargado de coordinar la agenda presidencial y garantizar la ejecución de las políticas públicas.

Por su parte, Juan Carlos García fue nombrado Ministro de la Presidencia, posición clave para articular el trabajo interinstitucional y supervisar la gestión gubernamental. 

El anuncio se produce en un contexto de transición política en el que el país se prepara para una reorganización institucional, con la instalación de nuevas autoridades en el Ejecutivo, Legislativo y las 298 alcaldías municipales.

Asfura ha prometido un gobierno caracterizado por la austeridad, la reducción del aparato estatal y la eficiencia en el gasto público, compromisos que generan expectativas entre los sectores económicos y sociales. 

Los analistas señalan que la conformación del gabinete será determinante para recuperar la confianza ciudadana y atraer inversión extranjera.

La designación de figuras con experiencia técnica y política es vista como un primer paso hacia la estabilidad institucional, aunque persisten desafíos como la crisis energética, la informalidad laboral y la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión pública.