La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reveló en una carta enviada al embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, que la noche del 11 de diciembre de 2025 vivió momentos de “extrema tensión e incertidumbre” tras un presunto intento de aprehensión ilegal por parte de sectores vinculados al oficialismo.
Según Hall, ella y otra consejera propietaria fueron objeto de un operativo irregular que buscaba impedir su labor en el organismo electoral.
En su misiva, Hall agradeció al diplomático francés por haberle brindado refugio en su residencia oficial, lo que le permitió continuar con sus funciones en un momento crítico para el país.
“Gracias, Cédric, por brindarme resguardo seguro y por tu apoyo diario. No solamente protegiste mi libertad personal; tener un sitio seguro permitió que continuara mi desempeño como presidenta del CNE en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las Elecciones Generales”, escribió.
El episodio ocurrió en medio de un ambiente político altamente polarizado, marcado por denuncias de irregularidades en el proceso electoral y presiones hacia las autoridades del CNE.
Hall subrayó que la intervención del embajador Prieto fue un ejemplo de valentía y defensa de los principios democráticos, destacando que su gesto “honra la diplomacia y ennoblece a las naciones que hacen de los Derechos Humanos un compromiso real y no mera retórica”.
La situación generó preocupación en organismos internacionales y en sectores de la sociedad civil hondureña, que han advertido sobre el riesgo de debilitamiento institucional y la necesidad de garantizar la independencia del CNE.
El papel de la comunidad internacional, especialmente de las misiones diplomáticas, ha sido clave para respaldar la transparencia y la seguridad de los procesos electorales en Honduras.
El caso de Hall refleja las tensiones que rodean la transición política en el país y pone de relieve la importancia de la protección a las autoridades electorales en contextos de alta conflictividad.
La denuncia se suma a una serie de cuestionamientos sobre el respeto al Estado de derecho y la vigencia de las garantías democráticas en Honduras.